El PSOE denuncia la venta de cuatro fincas de Cádiz a un promotor

El PSOE reclamó ayer la dimisión del concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Cádiz, José Loaiza (PP), tras denunciar que, al menos, cuatro fincas del casco histórico gaditano que la Junta de Andalucía había requerido al Consistorio para su rehabilitación fueron compradas, a causa de retrasos municipales, por el empresario inmobiliario Enrique Arroyo, señalado por dirigentes vecinales como asustaviejas, término usado para designar a promotores que desalojan viviendas mediante coacciones. Esta denuncia se produjo en medio de un crispado pleno municipal, interrumpido constantemente por los gritos y abucheos de los vecinos.

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, había convocado este pleno extraordinario para abordar el problema de la infravivienda en la ciudad y debatir sobre el fenómeno de los asustaviejas, de actualidad después de que dos poderes notariales vinculasen a Enrique Arroyo con varios concejales del equipo de gobierno, entre ellos, el edil de Urbanismo.

El portavoz del PSOE, Rafael Román, añadió ayer nuevos datos. Cuatro edificios de Cádiz, en las calles Goleta, Manuel Rancés, Arbolí y Ceballos, fueron comprados por Enrique Arroyo, según denunció, porque el Ayuntamiento no resolvió a tiempo los trámites necesarios para que la Junta de Andalucía los sumase a su programa de rehabilitación.

Según indicó, el Gobierno andaluz, tras comprobar que estas fincas venían arrastrando una serie de incumplimientos, había solicitado "reiteradamente" al Consistorio su expropiación para poder adquirirlas. "Han permitido que se vendiera a un particular alargando los trámites indebidamente. Es un escándalo sin paliativos", dijo Román, quien aseguró que el Ayuntamiento lleva dos años sin ofrecer ninguna finca a la Delegación de Obras Públicas.

El equipo de gobierno responsabilizó a la Junta de permitir que propietarios de casas en malas condiciones mantengan alquileres o rentas a sus inquilinos con precios abusivos. La intervención de los ediles del PP fue constantemente interrumpida por los asistentes al pleno, medio centenar de personas, entre los que había destacados dirigentes vecinales de la ciudad y afectados por la infravivienda. El PP acusó al PSOE de haber realizado un "montaje" para reventar la sesión. Incluso una militante popular denunció haber recibido amenazas.

Muchos asistentes acudieron al pleno con carteles y pegatinas con el mensaje "Teófila, no más cacicadas. Transparencia en Urbanismo". Algunos portaban pancartas con los nombres de fincas con infraviviendas. Los primeros gritos y abucheos se produjeron cuando el debate se desvió del asunto principal a los enfrentamientos y descalificaciones entre partidos. "Hemos venido a hablar de vivienda", exclamaban. El presidente de la asociación Cádiz Centro, Carlos Jesús Rivero, negó formar parte de un "montaje político" y el del barrio del Mentidero, Francisco Gallardo, criticó al concejal de Urbanismo. "Se ha equivocado con nosotros. Los vecinos no somos sus enemigos sino colaboradores", afirmó. La asociación Cádiz Centro había animado a los ciudadanos a asistir al pleno a través de su página web.

La alcaldesa amenazó en numerosas ocasiones con desalojar la sala, aunque no tomó esa medida, según explicó a los asistentes, para "no caer en la provocación".

El pleno aprobó finalmente por unanimidad el punto a debate: intensificar e iniciar nuevas acciones contra los asustaviejas. Cada partido presentará y debatirá sus propuestas en otra nueva sesión.