La ley educativa da libertad a las comunidades sobre repeticiones, división de alumnos e idiomas

El proyecto de ley educativa que ayer aprobó el Consejo de Ministros da amplia libertad a las comunidades y autonomía a los centros para regular numerosos aspectos de las repeticiones de curso, los exámenes de recuperación de septiembre o la enseñanza de idiomas. Los Gobiernos autonómicos establecerán qué deben hacer los centros con los alumnos que suspendan tres asignaturas, y podrán decidir si habrá exámenes de recuperación de septiembre en 1º, 2º y 3º de ESO. Las autonomías podrán determinar además si los centros pueden dividir las clases de la ESO en dos grupos para materias como Matemáticas y Lengua Extranjera, si pueden agrupar asignaturas, ofrecer optativas adicionales, poner profesores de apoyo e incluso organizar programas personalizados para atender a los alumnos con problemas educativos. Pero además, las comunidades decidirán si destinan el dinero previsto para garantizar que la educación infantil de 3 a 6 años sea gratuita a financiar centros públicos o privados concertados.

Éstas son algunas de las medidas más relevantes incluidas en el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) que aprobó ayer el Gobierno. Esta reforma fue abanderada por el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras decidir, en mayo de 2004, la paralización por dos años de la aplicación de la polémica Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que promovió el PP en la pasada legislatura. El texto de la nueva ley incluye una memoria económica, algo con lo que no contaba la LOCE. La inversión prevista por el Ejecutivo para esta ley en cinco años asciende a 6.032 millones de euros, de los que pagará el Estado 3.514. El resto deberán financiarlo las comunidades.

El secretario general de Educación, Alejandro Tiana, autor de principal este proyecto, asegura que, "tras haberse presentado diversos recursos de inconstitucionalidad por comunidades autónomas a la Ley de Calidad por invasión de competencias, la nueva ley se ha hecho respetando el reparto competencial, tal y como ha avalado el Consejo de Estado, pero también protegiendo las competencias del Estado".

La norma del PP establecía la división de los alumnos en itinerarios a partir de los 14 años según su rendimiento, la obligación de estudiar Hecho Religioso para los alumnos que no cursaran Religión Confesional y de superar una reválida al final del bachillerato.

Para solucionar el fracaso escolar en la ESO (que afecta al 25% de los alumnos), la nueva ley propone como alternativa a los itinerarios diversas medidas de refuerzo, como la división en dos de las clases de ESO para algunas materias. El Gobierno calcula que las medidas de refuerzo propuestas para los alumnos que vayan peor en primaria y ESO costarán 423.879 euros. Según la memoria económica, el porcentaje de alumnos que necesitarán estos refuerzos va desde el 8,8% en 4º al 30,5% (es decir, casi uno de cada tres) en 3º de la ESO.

La nueva ley deroga tres de las cuatro leyes orgánicas que sostienen actualmente la educación no universitaria, es decir, regula de nuevo la organización completa del sistema educativo. La única norma que deja viva es la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), la más básica. Las derogadas son la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) -promovida por el PP en la pasada legislatura y cuya aplicación el Ejecutivo paralizó en mayo de 2004- y las leyes Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y de Participación y Organización de los Centros (LOPEG), ambas promovidas por los socialistas.

La nueva norma recoge la mayor parte de los aspectos de la LOGSE que modificó la ley de los populares, aunque mantiene algunos aspectos de ésta. Las novedades que introduce la LOE están a caballo entre estas dos leyes. Una de ellas es que los alumnos de ESO tengan que repetir curso de forma obligatoria con cuatro suspensos o más (ahora lo hacen con tres). Con la nueva ley, con tres suspensos repetirán sólo si así lo establece la comunidad autónoma, que será quien "regule las actuaciones del equipo docente responsable de la evaluación", según la ley. Sin embargo, este margen de la comunidad está además "vinculado a que la autonomía que la ley da a los centros educativos para decidir qué hacer en cada caso con estos alumnos", explica Tiana.

Respecto a la enseñanza de idiomas, el texto incluye el inicio del aprendizaje de la primera lengua extranjera en primaria (se especificará en un decreto que será desde 1º) y deja de nuevo libertad a las comunidades para establecer el estudio del segundo idioma extranjero desde 5º de primaria. Las recuperaciones finales de septiembre o julio se mantienen obligatorias en 4º de ESO (como con la Ley de Calidad), pero no de 1º a 3º, aunque la ley permite a las comunidades ponerlas.