El Estado asumirá los 7.560 millones de deuda acumulada por RTVE en 15 años

La gigantesca deuda acumulada por RTVE en los últimos 15 años, que a final de 2005 alcanzará los 7.561,7 millones de euros, será asumida por el Estado, según recoge la Memoria económica que acompaña al anteproyecto de ley de reforma de la radio y la televisión estatal. Además del fin del aval ilimitado del Estado y la prohibición de nuevos endeudamientos, el documento establece que las subvenciones no superarán en ningún caso el "coste neto" del servicio público. La captación de ingresos publicitarios se hará "en condiciones de competencia" con otros operadores.

El primer paso para iniciar la reforma de RTVE, una vez aprobada la nueva ley, será la creación de un Consejo de Liquidación compuesto por cinco miembros designados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda al que fue adscrita RTVE en 2001. Ese consejo nombrará a dos liquidadores: uno para Televisión Española y otro para Radio Nacional. La Memoria económica establece que el Gobierno aportará los fondos y recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de liquidación patrimonial del Ente Público y de sus dos sociedades.

Los bienes de RTVE pasarán a ser de Patrimonio del Estado hasta que se cree la nueva Corporación RTVE. Las plantillas (8.258 empleados fijos y 1.111 contratado a finales del año pasado) se integrarán posteriormente en cada una de las sociedades.

Entretanto, se suprimirá el actual Consejo de Administración (que lleva en funciones desde el comienzo de la legislatura) así como la dirección general, desempeñada por Carmen Caffarel. Las Cortes nombrarán a los 10 nuevos consejeros, que designarán a un director tras un concurso público.

El objetivo del Gobierno es que RTVE inicie 2006 sin la pesada carga de la deuda. Los Presupuestos Generales del Estado, que se aprobarán en otoño, articularán las medidas necesarias para la asunción de deuda y la desaparición de los mecanismos de endeudamiento que durante los últimos tres lustros han lastrado las cuentas del grupo estatal.

La reforma diseñada por el Ejecutivo prevé una financiación mixta (subvención pública e ingresos publicitarios) y estable que cumpla con las exigencias de Europa, plasmadas en el Informe Monti.

Gestión eficiente

La Memoria económica, que el próximo miércoles estudiará la comisión de subsecretarios, fija un catálogo de compromisos encaminados a garantizar la transparencia y la gestión eficiente de la compañía. Se aplicará un "rigor extremo" para que la financiación pública nunca rebase el coste neto que representa el servicio público. Además, se prohibirá la "financiación preferencial" y las cuentas se someterán a auditorías conforme a los principios contables.

Una de las claves para saber lo que costará la futura RTVE a las arcas del Estado será cuantificar el servicio público. Esta definición es tan amplia que abarcará prácticamente todas sus actividades. La memoria precisa que la financiación pública "deberá compensar el coste de producción del servicio público" y esa contrapartida "se establecerá como una subvención en los presupuestos de cada año".

En cuanto a los ingresos privados, fundamentalmente publicitarios, se estipula que la captación de estos recursos deberá hacerse en "condiciones de competencia" con otros operadores. El documento admite que existe una tendencia decreciente de los ingresos publicitarios en las cadenas generalistas, debido al fraccionamiento de las audiencias. El año pasado, los ingresos comerciales de RTVE ascendieron a 754 millones de euros y la cuota de audiencia fue del 27% (21% TVE-1 y 7% La 2).

La Unión Europea exige que se elimine cualquier forma de endeudamiento con la garantía del Estado porque esta medida "falsea la competencia de forma innecesaria y desproporcionada". De ahí que la subvención se desvincule de una entidad de derecho público como es el caso de la actual RTVE. El Informe Monti exigía también a España que separara las cuentas que corresponden al servicio público de aquellas que tienen un carácter comercial y pedía garantías para que la subvención no fuera superior al coste de ese servicio público.

A partir de la reforma, se estipula que RTVE suscribirá cada tres años un contrato-programa con el Estado que establecerá la contraprestación económica para cada una de las sociedades. La autoridad audiovisual y el Parlamento deberán dar el visto bueno y la Intervención General del Estado se encargará de auditar las cuentas.