Una sociedad en quiebra técnica

La gestión económica de Radiotelevisión Española no ha pasado nunca factura a sus directores generales. En parte porque la responsabilidad última sobre las cuentas del Ente Público ha sido de los Gobiernos de turno, que optaron por utilizar una triple vía de financiación, única en Europa: ingresos publicitarios sin restricciones específicas, mínimas subvenciones y, sobre todo, endeudamiento.

La Comisión Europa ya advirtió de que esta estrategia comercial y empresarial rompía las reglas de la competencia y pidió la cancelación de las garantías ilimitadas del Estado que permitían a RTVE "obtener financiación en el mercado en condiciones favorables a pesar de que se encuentra en quiebra técnica".

En los primeros años noventa, el Estado dejó a RTVE en manos de la publicidad. Los números rojos comenzaron a dispararse en 1991, cuando el grupo generó un saldo negativo de 133 millones de euros. La irrupción de las televisiones privadas fue un duro golpe en términos económicos. Los ingresos comerciales pasaron de 835 millones en 1990 a 477 en 1993. Ese año, RTVE recibió de las arcas públicas 191 millones, una subvención insuficiente para cubrir sus gastos.

Desde aquel año, la subvención fue disminuyendo y en 1997 ya apenas representó 71 millones. Paralelamente, las pérdidas creían. El año pasado, con una aportación pública de sólo 82 millones, RTVE perdió 724 millones, aunque el déficit previsto en el presupuesto ascendía a 758.

Para mantener la actividad del grupo (dos televisiones generalistas, varias temáticas y seis cadenas de radio), el Estado autorizó sucesivos endeudamientos. En 2003 se superó la barrera del billón de pesetas al acumular 6.224 millones de euros. Para finales de este año prevé que alcance 7.561,7.

La deuda histórica retrocedió en 2.000. Fue gracias a los ingresos extra que RTVE obtuvo por la compensación del Estado tras la enajenación de la red de difusión, que habría sido transferida prácticamente gratis a Retevisión.

En tres ejercicios consecutivos (de 1994 a 1996) se condonó parte de la deuda (1.393 millones en total) aunque con ello no se atajó la espiral de crecimiento. El año pasado, el Ente Público realizó emisiones de bonos y préstamos por un importe de 2.430 millones.

Con la nueva ley, el Consejo de Administración será responsable de la gestión y sus miembros podrán ser destituidos si en dos ejercicio consecutivos no cumplen los objetivos presupuestarios.