El Congreso concluye que el Gobierno de Aznar "manipuló y tergiversó" tras el 11-M

La comisión del Congreso que investiga el 11-M se cerró ayer con un dictamen sobre qué ocurrió antes y después de los atentados, que fue aprobado por todos los grupos, menos el PP. El texto concluye que, antes de la masacre, el Gobierno de Aznar "infravaloró" la amenaza islamista y que, después, "manipuló y tergiversó" la investigación por "intereses electorales". No obstante, los comisionados apoyaron por unanimidad un catálogo de medidas para evitar atentados y mejorar la atención a las víctimas. Ambos textos serán ratificados por el pleno del día 30, donde PP, CiU y ERC incluirán votos particulares.

El resultado de la comisión de investigación fue ayer el que se esperaba tras las últimas negociaciones. El rechazo del PP al dictamen pactado por los otros seis grupos parlamentarios estaba cantado, como lo estaba que los populares apoyarían (con matices) las recomendaciones de los demás y que éstos aprobarían algunas del PP. Sólo ERC (con su abstención en solitario o su negativa en conjunto con PNV y el Grupo Mixto) evitó que algunas medidas del PP salieran por unanimidad.

Los grupos fueron exponiendo por turnos sus respectivas conclusiones sobre la matanza. Las posiciones políticas fueron prácticamente las mismas que cuando la comisión se constituyó el 27 de mayo de 2004. El acuerdo en el dictamen, por tanto, era imposible, ya que el PP seguía manteniendo tesis contrarias al resto. Los comisionados estuvieron negociando hasta última hora y, aunque hubo acuerdos, fue necesario hacer 28 votaciones, algunas de frases sueltas.

Los textos de conclusiones de cada partido fueron votados y rechazados por separado (el PSOE se abstuvo, en "aras del consenso", al votar su propio documento), las recomendaciones admitidas al PP fueron visadas párrafo por párrafo, el dictamen final fue votado por separado y el texto de consenso recibió el rechazo de los populares en seis puntos.

El resultado fue la aprobación de dos textos. Por un lado, el dictamen sobre qué ocurrió antes y después del 11-M -pactado por ERC, IU, socialistas, Grupo Mixto, PNV y CiU y rechazado por el PP por las críticas a la gestión que el Gobierno de Aznar hizo de la crisis-, y, por otro, las recomendaciones de futuro, con distintos niveles de apoyo.

El dictamen de todos menos el PP subraya que desde el 11-S "la amenaza del terrorismo internacional tipo Al Qaeda contra España era directa" y conocida "directamente" por las autoridades españolas, que, no obstante, "no le dieron la suficiente importancia y, como consecuencia, no adoptaron las medidas necesarias". Todo esto agravado por la descoordinación entre los servicios antiterroristas y la ausencia de puesta en común de sus investigaciones sobre el entramado islamista.

Una vez ocurrida la tragedia, reza el documento, el Gobierno insistió en la autoría de ETA, pese a que "ni un solo dato" apuntaba a ello. Así, los datos de los investigadores que recibía Ángel Acebes, ministro del Interior, "los hacía llegar sesgadamente a la ciudadanía", "los deformaba", generando "una información equívoca y tendenciosa". La comisión estima que esto fue "consecuencia directa del interés del Gobierno en adjudicar la autoría a ETA".

La comisión estima que "el Gobierno manipuló y tergiversó" los datos que recibía de la policía, "con toda probabilidad para tratar de influenciar así en la opinión pública respecto a la autoría". El objetivo fue, se escribe, que la ciudadanía no extrajera "consecuencias políticas que pudieran perjudicar los intereses electorales del PP, lo que podría ocurrir si una buena parte de la ciudadanía asociaba la matanza de Madrid con la guerra de Irak, en la que estuvo implicada España". Ésta fue "una actitud impropia de un Gobierno en democracia".

El texto de recomendaciones elaborado por todos los grupos menos el PP, que lo acabó apoyando salvo en seis puntos, se divide en cinco apartados: la atención a las víctimas, la mejora de la seguridad del Estado frente al terrorismo islamista, medidas legales, la mejora de la respuesta política al fundamentalismo islamista y sus consecuencias y, finalmente, la creación de una alianza democrática contra el terrorismo internacional.

Este quinto apartado sufrió algunas transformaciones, hasta el punto de que donde se decía que era necesario un pacto de Estado contra el fenómeno islamista, se dice ahora que debe reforzarse la unidad contra el terrorismo internacional, que debería plasmarse "en un acuerdo con el mayor consenso entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria". El pacto incluiría el compromiso de "no hacer uso partidista de la lucha antiterrorista ni del dolor de las víctimas del terrorismo".

Los textos resultantes serán sometidos a la consideración del pleno del Congreso del 30 de junio. PP, ERC y CiU han anunciado sendos votos particulares. Los populares quieren que su texto de conclusiones, diametralmente opuesto al del resto, sea incluido como un voto particular. Lo mismo pretende ERC, en este caso para reprobar a varios miembros del Gobierno de Aznar, especialmente a éste. CiU quiere algunas matizaciones. El pleno será el cierre definitivo de la comisión del 11-M, aunque el PP mantiene vivas algunas demandas de información al Congreso por otras vías.