Los fiscales reclaman la demolición de las construcciones ilegales en zonas protegidas

Cerca de 30 fiscales andaluces especializados en delitos medioambientales y contra el patrimonio defendieron ayer en Córdoba la necesidad de que las edificaciones ilegales sean demolidas para que no cunda una sensación de impunidad. Lo hicieron durante el curso organizado por la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía. En la jornada de ayer, intervino el director del Conjunto Arqueológico de Medina Azahara, Antonio Vallejo, quien sostuvo que este yacimiento "es incompatible con el mantenimiento" de las más de 250 parcelaciones ilegales detectadas.

En el entorno del Conjunto Arqueológico de Medina Azahara de Córdoba había censadas en 2004 más de 250 edificaciones irregulares. Es decir, más de 250 parcelaciones ilegales en un lugar protegido por su especial interés histórico y artístico. Según Antonio Vallejo, la gran mayoría de estas casas, que normalmente son utilizadas como segunda residencia, empezaron a construirse en 1994, apenas unos meses antes de que se incluyera como delito en el Código Penal este tipo de construcciones en lugares protegidos.

Pero lo cierto es que, desde esa última reforma legislativa, pocas han sido las demoliciones que han sido llevadas a cabo. Así lo indicó ayer Ángel Núñez Sánchez, uno de los dos fiscales especializados en Medio Ambiente de Cádiz: "Se dan sentencias condenatorias que no acuerdan la demolición, con lo que se legitima de facto la construcción ilegal".

Sánchez se refería a los desmanes de Medina Azahara, pero también del litoral malagueño, del gaditano... "Tenemos que concienciarnos de que el territorio es un bien escaso", afirmó este fiscal especializado en delitos medioambientales, que sostuvo que si no se procede a demoler este tipo de construcciones se contribuye a extender una sensación de impunidad.

"Bien escaso"

Andalucía es la única comunidad de España en la que existe una Red de Fiscales Medioambientales, que también están especializados en delitos urbanísticos y contra el patrimonio histórico. Ya llevan dos años constituidos y parte las actividades que desarrollan consiste en realizar cursos como el que se cerró ayer en Córdoba para profundizar en determinados aspectos prácticos y para formar a otros fiscales no especializados.

Consuelo Fidalgo y Borja Jiménez, los dos fiscales de la Audiencia de Córdoba especializados en medio ambiente -en cada provincia andaluza hay un par de miembros del Ministerio Fiscal centrados en delitos de este tipo-, han sido los encargados de organizar el encuentro de Córdoba.

Jiménez explicó ayer que el curso se ha centrado principalmente en el Conjunto Arqueológico de Medina Azahara. Por eso, el director de este yacimiento fue invitado al encuentro y sostuvo que las más de 250 parcelaciones del entorno de Medina Azahara "van todos contra la legalidad" y contra una zona protegida, "algo que no ocurre en ningún territorio de nuestro país, aunque alguna situación podría parecerse a Marbella".

Vallejo afirmó que Medina Azahara está siendo sometida a un "acoso" que supone un "daño enorme" para este yacimiento musulmán, "cuya importancia transciende al ámbito local". Vallejo criticó también algunas sentencias que se "escudan en que la Administración encargada de velar por esa legalidad, el Ayuntamiento, se ha mostrado inoperante".

Por su parte, el coordinador de la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez, abogó por que la única salida para las parcelaciones y construcciones ilegales sea la demolición ya que la sanción económica acaba convirtiéndose en "un gasto más que tiene que afrontar el propietario cuando se dispone a calcular el coste de la operación". Rodríguez se mostró esperanzado en que en breve comiencen a llevarse a cabo demoliciones.

El coordinador de la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía ya advirtió el lunes que serían "inflexibles" a la hora de perseguir las posibles dejaciones de los ayuntamientos en el control urbanístico que les corresponde. Rodríguez también pidió una "actuación eficaz y preventiva por parte de la administración" municipal para erradicar este tipo de delitos.