Los participantes en unas jornadas piden la estricta aplicación de la ley contra la delincuencia urbanística

Un centenar de expertos en urbanismo, inversiones inmobiliarias, ecologismo y legislación penal concluyó, tras las primeras Jornadas sobre Delincuencia Urbanística, organizadas el pasado fin de semana por Ecologistas en Acción de Andalucía, que España cuenta con leyes "suficientes" para evitar las agresiones o especulaciones urbanísticas. El problema radica, según estos colectivos, en que la mayoría de los jueces no aplica esta normativa de manera "contundente" contra los grandes "especuladores o mafiosos del ladrillo".

Para atajar los delitos urbanísticos, los expertos instan en las conclusiones de estas jornadas a los jueces a aplicar la ley "a rajatabla". "Los fiscales están bastantes concienciados con esta situación, pero no así los jueces, a los que hay que cambiar la actitud porque, por lo general, entienden que los delincuentes urbanísticos lo son de guante blanco y un señor en traje, que conduce un mercedes, con fortunas auténticas, y que se reúne con ministros y alcaldes no pueden ir a la cárcel", lamentó Juan Clavero, coordinador de Ecologistas en Acción.

Asimismo, los expertos sostienen que deben incrementarse "los instrumentos legales" para ejecutar las sentencias o resoluciones, tanto judiciales como administrativas, que ordenen paralizar o demoler obras y construcciones ilegales.

Reforzar los mecanismos de vigilancia, control e investigación de las ilegalidades urbanísticas son otras medidas recogidas en las conclusiones. En este sentido, ecologistas y urbanistas piden que se refuercen los efectivos de las secciones de Medioambiente y Urbanismo de la Fiscalías, especialmente en las provincias andaluzas con litoral, como son Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva.

"Crecimiento insostenible"

Los expertos piden también un incremento de las dotaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica ante el "crecimiento insostenible" de suelo urbanizable en los municipios costeros andaluces, donde este incremento ha superado el 50 % en los últimos diez años, más del doble respecto a la media del conjunto de localidades andaluzas.

"En la mayoría de los casos, las irregularidades se amparan en una generalizada falta de vigilancia y control por parte de las administraciones y en una fuerte presión de algunos poderes económicos locales que están ligados en ocasiones a mafias que irrumpen con un tremendo poder económico y crean dinámicas sociales y políticas muy difíciles de controlar", dijo Clavero.