Argentina anula las leyes de Punto Final de la dictadura

"La impunidad ha terminado en Argentina". Néstor Kirchner, el presidente argentino, definió así el paso que ayer dio la Corte Suprema del país, que declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Por siete votos a favor, uno en contra y una abstención, la máxima instancia judicial del país declaró inconstitucionales las leyes adoptadas en 1986 y 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, que sirvieron para paralizar los procesos y exculpar a los responsables de la dictadura.

La decisión de la Corte Suprema provocó reacciones de satisfacción de la clase política y de los grupos civiles de derechos humanos que han luchado por la persecución de los criminales, pero causó "cierta inquietud" entre los militares, según reconoció el ministro de Defensa, José Pampuro. Se abre así la vía para que continúen los procesos ya iniciados por violaciones de los derechos humanos y para que se acepten nuevos casos.

"En Argentina la impunidad ha terminado; este fallo devuelve la fe en la justicia", declaró el presidente, el peronista Néstor Kirchner. "Este fallo coloca a los ciudadanos frente a la ley". "Los crímenes que se han cometido ofenden a la humanidad. Los que arrojaron a las personas al río, los que torturaban a las mujeres embarazadas, esos genocidas no pueden pasar desapercibidos", declaró Nora Cortiñas, una de las Madres de la Plaza de Mayo, la organización que ha luchado por el fin de la impunidad, en una concentración celebrada espontáneamente ayer a las puertas del tribunal.

Actualmente hay 150 militares argentinos detenidos por diversas causas relacionadas con violaciones de los derechos humanos. El ministro de Defensa aseguró ayer que la anulación de las leyes puede afectar a entre 500 y 1.000 militares. Otras fuentes elevan la cifra a 3.000.