Justicia en Argentina

La Corte Suprema de Justicia argentina declaró ayer inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, las vergonzosamente llamadas "leyes del perdón", por las que muchos de los responsables de las atrocidades de la pasada dictadura (1976-1983) eludieron impunemente la cárcel. Se trata de un auténtico espaldarazo a las reclamaciones de los familiares de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos, así como un respaldo a lo que ya el propio Parlamento había suscrito por amplia mayoría en 2003 al considerarlas "insanablemente nulas".

Con esta decisión puede afirmarse ahora que Argentina definitivamente quiere saldar las cuentas de su trágico pasado, acabar con la vergonzosa claudicación y hacer funcionar la justicia colectivamente y no de manera individual y errática, como fueron los casos esporádicos nacidos de la valentía de algún abogado nacional o extranjero. Y aquí es justo evocar a los jueces Gabriel Cavallo y Baltasar Garzón.

Ambas leyes quedaron promulgadas en 1986 durante el primer Gobierno democrático de Raúl Alfonsín y obedecían a una circunstancia muy determinada: la presión de los militares y su amenaza de impedir la normalización democrática si eran perseguidos por causas que se habían ya abierto o estaban a punto de abrirse. Fue un peaje demasiado duro, sobre todo para los deudos de los más de 25.000 desaparecidos.

El gesto del máximo tribunal debería tener repercusiones y afectar a un millar de militares y policías -la gran mayoría de ellos ya en el retiro-, presuntamente culpables de abusos cometidos durante los terribles años de represión. Es verdad que los máximos líderes de las juntas militares fueron procesados y condenados en un primer momento y que recibieron el castigo de la reprobación ciudadana. Pero se beneficiaron más tarde de la política de indultos del presidente Menem, aunque algunos de ellos han pasado por los tribunales por el secuestro de bebés de madres desaparecidas. Éstos son los casos que mantienen en arresto domiciliario al ex presidente Jorge Videla o al almirante Eduardo Massera.

No sólo Argentina quiere hacer justicia a sus víctimas. También el nuevo Gobierno de Uruguay quiere acabar con la Ley de Punto Final y anuncia la reapertura de las investigaciones sobre los desaparecidos.