Zapatero analiza la cumbre con Borrell, Almunia y Solana

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero convocó anoche en La Moncloa a los tres españoles que se sientan en el vértice de la UE -Josep Borrell, presidente de la Eurocámara; Javier Solana, responsable de la política exterior de la UE, y Joaquín Almunia, comisario de Asuntos Económicos- a fin de preparar la cumbre que comienza el jueves en Bruselas y en la que tiene una apuesta comprometida: consolidar el hecho de ser, por ahora, el único país que ha logrado el sí a la Constitución en referéndum y cuadrar unas cuentas presentables para España en la UE ampliada a 25.

Un mensaje europeísta es acuciante para Zapatero por razones de política interna

La situación no es fácil tras el no a la Constitución de Francia y Holanda. Todos tienen interés en hallar un lenguaje común que reafirme los ideales y aleje los fantasmas de una regresión en la construcción europea. El logro de un mensaje europeísta y continuista es acuciante para Zapatero por razones de política interna.

El Consejo debe demostrar que el proyecto sigue, pues eso implica que el Gobierno español tuvo razón al querer ser el primero en ratificar una Constitución que ahora hace aguas en la opinión europea. Sobre todo, cuando el PP se ha desmarcado del consenso previo al referendo y ha apoyado en el Parlamento Europeo la petición de que el proceso de ratificación no siga. Fuentes gubernamentales han insistido desde que se conoció el no francés en que España aborda la situación "con una doble credibilidad": es un país que ha hecho "sus deberes políticos", al ratificar la Constitución, y en "buena parte, sus deberes económicos", por su presupuesto equilibrado, su economía abierta y su crecimiento superior a la media.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dijo el viernes que lo que el Ejecutivo pretende es "seguir caminando en un avance realista". La posición de partida no ha variado, y Zapatero sostiene que el proceso debe continuar, en lo que coincide con la presidencia luxemburguesa, la Comisión, Francia y Alemania. En sintonía con el eje franco-alemán, Fernández de la Vega abrió también la puerta a una ampliación del plazo de ratificación, que debería concluir en noviembre de 2006.

Josep Borrell, presidente del Parlamento Europeo, es, de los tres españoles ilustres en Bruselas convocados ayer en la Moncloa, el que más ha defendido que prosigan las ratificaciones, y en la misma línea se ha manifestado el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. El Alto Representante para la Política Exterior y de Defensa, Javier Solana, no se ha pronunciado sobre este tema.

El encuentro de anoche, en el que participaron el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el de Economía, Pedro Solbes, fue presentado como "una reunión de trabajo, de intercambio de información y de ideas entre políticos españoles progresistas" sin un "carácter institucional", pese a lo cual adquirió una trascendencia pública que causó incomodidad a los participantes más ligados a la Administración europea.

Zapatero puso sobre la mesa su empeño en hacer propuestas concretas para que la UE siga profundizando sus políticas, especialmente de modernización económica (con la llamada Agenda de Lisboa), en materia de política exterior y en el campo de la seguridad y la justicia. Hubo coincidencia en la idea expresada por Moratinos de que "no hay vacío institucional ni jurídico", pese al parón de una Constitución que, de todos modos, no estaba previsto que entrara plenamente en vigor hasta 2009.

También se comentó la idea de que, pese a las divisiones políticas (Borrell acudirá por primera vez a este Consejo sin una posición común de la Eurocámara), los líderes son conscientes de que no se puede interrumpir bruscamente el proceso ni poner a la ratificación condiciones tan estrictas como para que se precipite un nuevo no o un nuevo anuncio de suspensión de referéndum que dificultarían aún más la reconducción de la crisis.

El otro gran tema fueron las perspectivas financieras, un asunto en el que Almunia se anticipó desde la noche del referéndum francés con la idea de que la crisis desatada haría el acuerdo más urgente. El Gobierno insiste en que considera "insuficiente" la última propuesta de la presidencia luxemburguesa, pero no se sabe cuánto. Lo que sí es claro es que, en esta batalla en la que las ayudas comunitarias a España descenderán, en el septenio 2007-2013, de 48.000 a 5.000 millones de euros, según una hipótesis benigna, Zapatero no podrá aceptar menos que seguir recibiendo, durante todo el periodo, más dinero del que aporta a Bruselas.

Es un objetivo mínimo que se considera casi adquirido en las negociaciones previas y cuya consolidación depende de que se resuelvan los dos grandes problemas: el acuerdo de 2002 sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que Francia se niega a revisar, y el cheque británico, que Londres sólo admite negociar si se reducen los gastos agrícolas.

En la reunión se constató que hay voluntad para el acuerdo, y se señaló que, si a Jacques Chirac le interesa cerrar un compromiso ahora, para que la próxima presidencia británica no reabra el debate sobre la PAC, también a Tony Blair le gustaría no tener que arrastrar el problema de las perspectivas en su presidencia. Pese a las dificultades, el diagnóstico fue, por ello, moderadamente optimista.