Una joven muere y otra queda en coma en el incendio en un centro de menores

Una joven de 16 años resultó muerta por inhalación de humo, una compañera suya permanece en coma y otra más acabó con heridas leves, igual que dos educadores, como consecuencia de un incendio en el centro de menores Valle Tabares, en La Laguna (Tenerife). La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno canario sostiene que las tres jóvenes provocaron intencionadamente el fuego en la habitación que compartían. Sólo en este centro ya se han registrado más de cinco incendios de similares características en lo que va de año.

El incidente ocurrido la noche del lunes en el centro de menores Valle Tabares de La Laguna es uno más de los casi veinte motines, incidencias graves e incendios registrados en lo que va de año en los seis centros de medidas judiciales para menores de Canarias, donde residen 210 jóvenes por sentencia judicial, pero cuyos casos responden a características totalmente distintas. En ellos se encuentran delincuentes peligrosos, reincidentes, jóvenes con problemas de conducta, menores con necesidad de recibir atención terapéutica y chicos sin escolarizar o de familias con problemas graves.

Precisamente, una orden judicial había cerrado recientemente el módulo III del Valle Tabares por carecer de los elementos mínimos que garantizaran la integridad física de los jóvenes que allí residían. Otra actuación judicial decretó en mayo pasado, por las mismas razones, el cierre y evacuación inmediata de otro centro en Tenerife (Nivaria), aunque el Gobierno de Canarias ha recurrido el dictamen, por no disponer de otro sitio, hasta la inauguración del nuevo Valle Tabares, que tendrá 120 plazas en tres módulos, prevista para dentro de unas semanas.

"Intento de suicidio"

La nueva consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno canario, Marisa Zamora (de Coalición Canaria, que sustituyó a Águeda Montelongo, del PP, tras la última crisis política en el archipiélago) explicó que las tres jóvenes apoyaron los colchones ignífugos en la puerta, prendieron fuego a sus ropas y se refugiaron en el baño. Eran las 12,15 de la noche del lunes. "Fue una decisión alocada, un intento de suicidio, donde no se midieron las consecuencias, un acto muy asociado con sus perfiles sociales y familiares", declaró ayer el director general de Protección al Menor y la Familia de Canarias, José Luis Arregui. Los dos empleados que acudieron en auxilio de las chicas derribaron la pared de colchones, entraron "a rastras" y rescataron a las menores, mientras sus compañeros evacuaban al resto de jóvenes de los módulos I y II a las zonas del exterior del edificio.

Las llamas fueron extinguidas con los medios del centro. Los bomberos tardaron casi dos horas en airear las habitaciones. Tanto el Gobierno de Canarias como la Fiscalía de Menores han abierto una investigación sobre lo sucedido.

La consejera de Asuntos Sociales anunció que se habían reforzado todos los sistemas de vigilancia y seguridad en prevención de más incidentes similares, aunque tanto ella como Arregui se negaron a especificar qué medidas concretas han adoptado para evitar el acceso de mecheros y cerillas. "Es muy difícil controlar que quemen sus ropas o los colchones", manifestaron ambos, "son actos voluntarios que sólo podrían evitarse si ponemos un vigilante por cada interno".

Zamora reconoció la incapacidad del Gobierno de Canarias para asumir la atención a menores sujetos a medidas judiciales, porque "las grandes lagunas de la actual ley impiden la protección de los jóvenes ante sus mismas acciones". La dirigente anunció una entrevista con el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, para tratar la delicada situación de los centros de menores en las islas, aprobar la creación de un grupo de funcionarios específicos para estos centros o la devolución de las competencias en esta materia al Estado.

Paralelamente, el Gobierno de Canarias ha propuesto que la Dirección General de Protección al Menor y la Familia se adscriba a la Consejería de Presidencia y Justicia, como reclaman fiscales, abogados y agentes de policía.