700 denuncias, 20 incendios y dos muertes

La Fiscalía de Menores tramitó más de 700 denuncias el año pasado por sucesos ocurridos en centros de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias. "Estamos hartos de denunciar esta situación y que no se haga nada", comentan los fiscales, quienes reconocen que "el sistema hace agua por todos lados". Pero, sobre todo, son los 210 jóvenes inquilinos de los centros cerrados los que mantienen en jaque al Gobierno de Canarias desde hace años. Muchos poseen armas blancas y consumen alcohol y drogas.

En el último año han protagonizado más de veinte incendios, dos intentos de motines, centenares de agresiones y palizas, tres intentos de quemar a compañeros, algunas violaciones y dos muertes. "Los chicos hacen lo que les da la gana y en los centros tampoco encuentran al personal adecuado, incapaz de enfrentarse a una situación como ésta, donde no existe la disciplina; están desbordados", añaden los fiscales.

Además, algunos de los vigilantes tenían antecedentes penales y sus directivos fueron relevados hace un año por presuntos malos tratos. La Fiscalía insiste en que "existe un grave problema de dirección política" al tiempo que critica los escasos medios que la Administración canaria ha destinado a este concepto desde la asunción de competencias en 2001.

Los fiscales proponen separar de inmediato los menores con medidas de protección de los de reforma "como ya ocurre en Cataluña, Madrid, valencia y Sevilla".

"Son los amos del recinto", reconoce un vigilante de seguridad, portavoz del sindicato USO, quien asegura que en el último año 10 compañeros han sido heridos en distintas acciones.

Agentes del Equipo de Atención a la Mujer y el Menor (Emume) de la Guardia Civil presentan a estos jóvenes como víctimas, antes que delincuentes, y califican la situación en las islas como "preocupante, pero no alarmante". "Sólo son un reflejo de la sociedad violenta en la que vivimos", añaden los agentes, "donde se han perdido los valores y ha desaparecido el papel de los padres; además, muchos padres sólo se preocupan de sí mismos y luego les escuchas frases como 'no reconozco a mi hijo', 'no sé en qué momento cambió', cuando ni siquiera se preocupan de averiguar a qué hora y en qué estado llegaron el último fin de semana, mientras ellos dormían".

La policía también critica la utilización de los seis centros con medidas judiciales como cajón de sastre para todo tipo de jóvenes (sean o no delincuentes peligrosos), una opinión compartida por la clase política, fiscales y abogados. "La mayoría de estos jóvenes", concluyen los fiscales, "no reciben tratamiento psicológico o especializado, ni ninguna terapia, ni están escolarizados, ni reciben formación laboral".

A la espera de inaugurar el nuevo centro Valle Tabares (con 120 plazas, considerado por la propia Administración como "modélico en toda España"), para las siete islas sólo se dispone de 195 plazas para menores bajo medidas judiciales distribuidas en seis centros, cuatro en Tenerife (Nivaria, 40; Hierbabuena, 13; Mesa Ponte, 9, y Valle Tabares, 22) y dos en Gran Canaria (La Montañeta, 68, y Gáldar, 43). Muchos de estos centros están al 150% de su capacidad.