La junta médica de Leganés califica de "seudocientífico" el 'informe Lamela'

Los profesionales del Severo Ochoa analizan el trabajo del comité del consejero de Sanidad

"Irreal", "carente de rigor", "tendencioso" y "seudocientífico". Los representantes del personal del hospital Severo Ochoa de Leganés, Madrid, en la Junta Técnico-Asistencial descalifican el informe realizado por "los llamados expertos" nombrados por el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, sobre las supuestas sedaciones irregulares. Los 11 miembros del máximo órgano asesor de la gerencia del centro (todos menos los representantes de la dirección) han estudiado el informe, y su conclusión es que resulta "burdo desde un punto de vista epidemiológico".

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"Hemos intentado hacer un estudio muy técnico, ayudados por expertos en epidemiología y control de calidad, y las conclusiones son que el informe es tendencioso y carente de validez científica", afirmó ayer el presidente de la Junta, Javier Martínez Salmeán. Las conclusiones han sido avaladas por los representantes de todos los profesionales del hospital: jefes de servicio, personal de enfermería, adjuntos, residentes y personal de servicios centrales.

Las principales conclusiones del análisis son las siguientes:

- Pura teoría. Los expertos nombrados por Lamela (tres de la Consejería, dos oncólogos y un anestesista) hacen un "ejercicio teórico", y a veces alejado de la "realidad clínica de todos los días, incluidos los hospitales en los que los miembros de dicho comité trabajan". El informe Lamela, por ejemplo, sostiene que la sedación de un enfermo terminal debe ser "reversible", pero, según los profesionales de Leganés, ello requeriría "una monitorización sólo posible en la UCI, circunstancia que obviamente no ocurre en la práctica clínica de ningún hospital".

- Preocupación errónea. Según la Junta, los argumentos del comité Lamela evidencian que "su preocupación fundamental no es la sedación ni el alivio del síntoma", sino "evitar el riesgo del doble efecto de la sedación terminal". El principio del doble efecto, avalado por la OMS y todas las sociedades médicas y científicas, establece que el objetivo de una sedación terminal debe ser evitar el dolor y la angustia, aun cuando ello pueda acortar la vida del paciente. Contra este principio, el comité Lamela defiende el uso de "la dosis mínima eficaz".

- Conceptos inexistentes. El comité Lamela acusó al Severo Ochoa de 73 sedaciones irregulares, de las que 34 fueron "no adecuadas", 35 "no indicadas" y 4 "contraindicadas". Y define "sedación indicada" como "un procedimiento de buena práctica"; "sedación adecuada" como "la que se realiza con fármacos correctos, en dosis equilibradas y por adecuada vía y tiempo de administración correcto"; y "sedación contraindicada" como la realizada "en una situación clínica que no la requiere y cuando la misma ha intervenido directamente en el fallecimiento del paciente".

Pero la Junta de Leganés subraya que "en la literatura [médica] no se explicita ninguna contraindicación a la sedación, porque lo que contraindica algo en medicina son los efectos adversos y la mortalidad, que obviamente no son aspectos de preocupación fundamental en este tema". También señala que el informe Lamela no especifica qué situaciones contraindican la sedación, ni refiere ninguna cita bibliográfica que lo apoye. Que la sedación, analizada a posteriori, haya intervenido directamente en el fallecimiento del paciente no puede ser un criterio válido de contraindicación, según la Junta, ya que ese criterio "invalidaría el concepto del doble efecto".

Respecto a las otras definiciones, la Junta de Leganés se pregunta: "¿Qué entienden los autores por procedimiento de buena práctica? ¿En qué cita bibliográfica se apoyan? ¿Qué entienden por dosis equilibradas? ¿Cuál es la vía apropiada? ¿Cuál es el tiempo de administración correcto?". Concluyen que las acusaciones del comité Lamela están basadas en unos conceptos mal definidos, subjetivos e indocumentados.

- Consentimientos. El informe Lamela denuncia irregularidades en la información y consentimiento en 45 de las 73 sedaciones sospechosas. Entre ellas hay ocho casos en que es la familia del enfermo la que pide la sedación. La Junta resalta que los expertos de la consejería reconocen que "en el momento actual la legislación no recoge expresamente la necesidad de un consentimiento informado escrito para la sedación terminal". Pese a ello "lo ofrecen al lector como un dato de obligado cumplimiento, sólo entendible si lo que se pretende es menoscabar la profesionalidad de los médicos implicados". La Junta afirma que "la tasa de consentimientos firmados del Severo Ochoa es probablemente de las más altas del país", y reta a "la Administración a que realice una auditoría similar en cualquiera de los centros de los que sus expertos proceden".

- Medicamentos usados. La junta de Leganés destaca que la comisión Lamela no entra a investigar las muertes en las que sólo se utilizó morfina para sedar (56 casos). En cambio, sí las incluyen cuando estudian las relaciones entre terapias aplicadas y mortalidad (según el informe Lamela se da relación entre sedación y muerte en 73 casos). Esta diferencia de criterios es interpretada por la Junta como un "sesgo" en el estudio, "que colabora a la distorsión aún mayor de los resultados y a hacerlos más irreales".

- Metodología. Otro problema es la consideración del uso de combinaciones de fármacos y tiempo producido entre la sedación y la muerte como indicativos de mala práctica, sin que se compare con lo que hubiera pasado sin sedación o sin usar esas combinaciones. Los expertos de Lamela tampoco indican cuáles deben ser las combinaciones o el tiempo adecuados, ni en qué bibliografía se basan.

- Médicos. El informe Lamela apunta a cuatro médicos como responsables de la mayoría de las sedaciones supuestamente irregulares. "¿No estarán midiendo ustedes lo obvio?", les contestan con ironía los profesionales de Leganés. Es lógico que sean los médicos de experiencia y los que están más en urgencias los que seden, afirman. Otro punto que critican es que "no se haya considerado en ningún momento obtener las aclaraciones pertinentes" de los médicos implicados ni de las familias de los pacientes.

Manuel Lamela, consejero de Sanidad de Madrid.
Manuel Lamela, consejero de Sanidad de Madrid.GORKA LEJARCEGI

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