Zapatero defiende que la crisis hace más urgente un acuerdo financiero en la UE

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apuesta en positivo y defiende la idea de que la crisis desatada por el resultado del referéndum francés aumenta la urgencia política y económica de un compromiso sobre los presupuestos de la UE para el septenio 2007-2013. Con ese propósito llegó anoche a Luxemburgo, donde hoy se entrevista con el presidente de turno, Jean-Claude Junker, tras afirmar en Madrid: "La construcción europea es un gran proyecto y acabará superando los obstáculos. Europa no es el problema, Europa es la solución".

Zapatero presentó ayer en La Moncloa su reacción a los acontecimientos del domingo, bajo la forma solemne de una declaración institucional que reproduce fielmente los elementos adelantados por portavoces gubernamentales en días pasados: que "el Gobierno español considera que el proceso de ratificación debe seguir según las previsiones de la propia Constitución" y que cuando "el pueblo español refrendó por amplísima mayoría esta Constitución (...) hicimos lo correcto".

"Más que nunca, sí a Europa", clamó el presidente, que manifestó un "profundo respeto" por el pronunciamiento de Francia y recomendó a los líderes europeos "tomar nota del malestar que esta votación expresa" y redoblar los esfuerzos por explicar que "esta Constitución consagra los derechos y libertades de los europeos, así como nuestro modelo social".

También el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, declaró en Barcelona que "hay que mantener vivo el Tratado" y proseguir el proceso de "profundización" de la UE.

Para España, la atención inmediata sigue concentrada en las llamadas perspectivas financieras del periodo 2007-2013, una negociación siempre difícil, pero mucho más tras la reciente ampliación, en la que los españoles se juegan hasta 13.000 millones de euros.

Ella absorbe todas las capacidades estratégicas del Gobierno, que, por lo demás, no cree que le corresponda tomar la iniciativa ni promover ningún plan B para atajar las consecuencias del no francés. Los análisis y proyectos que circulan en Exteriores a ese respecto, sobre las posibilidades de avanzar con cooperaciones reforzadas hacia una Europa a dos velocidades o de acordar la entrada en vigor de partes concretas del nuevo tratado, son todavía rudimentarios.

El propio Zapatero tendió a aplazar ayer el problema constitucional hasta el otoño de 2006, cuando dijo: "Una vez que se hayan pronunciado los 25 países de la Unión, y no sólo los 10 países que lo han hecho hasta el momento, será la hora de hacer balance y decidir los siguientes pasos".

El Gobierno ve, lógicamente, con aprensión la posibilidad de que el análisis del referéndum francés consuma todas las energías del Consejo Europeo de los próximos 16 y 17 de junio, ya que ello haría definitivamente inalcanzable el de por sí improbable objetivo de cerrar en esa cumbre el acuerdo sobre las perspectivas financieras, según estaba inicialmente previsto.

El efecto del rechazo galo sobre esta negociación es objeto de valoraciones contradictorias. Por un lado, es claro que la inestabilidad derivada, la incertidumbre y la urgencia de debatir la salida de esta crisis favorece poco el logro de un consenso sobre un reparto de cargas y beneficios bloqueado, en cuanto se ha abierto el debate, por posiciones durísimas de defensa de intereses nacionales.

Por otro, está el hecho de que las circunstancias creadas por el no francés son también un acicate para que Europa demuestre la capacidad política de resolver sus problemas más serios, y los relativos a los presupuestos son especialmente sensibles en estos momentos por cuanto pueden afectar a la cotización del euro. El comisario de Economía, Joaquín Almunia, favoreció esta segunda hipótesis que también ha sido considerada estratégicamente por el ministerio alemán de Exteriores y en medios diplomáticos españoles.

Es la línea que el presidente del Gobierno defenderá hoy, en la primera jornada de las consultas bilaterales sucesivas programadas por Juncker con los 25 líderes de la Unión, a razón de cuatro al día.