Demasiada solidaridad

La reforma del régimen económico catalán han desvelado un problema de enorme entidad: el desequilibrio financiero de España. Dicho de otra manera: media España depende de la otra media.

Se habla de una España pobre y una España rica, lo cual es perfectamente falso. Las diferencias económicas no son de tal entidad. Descontados los precios, no hay más de un 30% de diferencia entre las comunidades de mayor nivel económico y las de menos. Por tanto, la prédica solidaria parte de un principio viciado. Andalucía o Extremadura no son pobres y nosotros -catalanes o vascos- no somos ricos. Las palabras condicionan las actitudes y hablar de ricos y pobres alimenta las emociones, pero sólo es una coartada.

Tenemos un régimen excepcional, diferente de todos los demás, logrado en una coyuntura también excepcional

El problema es que la incontrolada política de trasferencias de recursos entre comunidades autónomas que ha practicado la Administración central durante años ha generado una pasividad sin precedentes en aquellas comunidades que se han acostumbrado a recibir, lo que les permitido suprimir los ajustes estructurales inevitables y sustituirlos por caritativismos de diversa índole: planes de empleo rurales y cosas así, con lo que su dependencia financiera ha alcanzado niveles espectaculares.

Eso sólo ha sido posible porque ciertas comunidades pagaban la factura. Ahora se ha sabido que Cataluña venía trasfiriendo al resto del Estado más de un 9% de su PIB. Si tenemos en cuenta que los países más avanzados de la Unión Europea no toleran ceder más de un 1%, lo de Cataluña alcanza niveles extravagantes e insostenibles. Demasiada solidaridad.

Algunos opinan que no se puede poner límites a la solidaridad. Es una idea equivocada. A lo que no se puede poner límites es a la caridad cristiana: vende tus bienes y repártelo entre los pobres. Eso es religión y aquí estamos hablando de política o de economía.

Hay quienes aseguran que la solidaridad entre regiones del mismo Estado debe ser diferente y mayor que la solidaridad entre los Estados de la Unión Europea. Diferente, puede, pero ¿cuanto mayor? En la práctica, este es un Estado federal. Ninguna región-estado puede ceder los recursos que necesita para modernizar su economía y asegurar el empleo que reclama la financiación del sistema de pensiones y el gasto sanitario después de 2015, que es cuando se van a poner las cosas difíciles.

Por otra parte, la prédica solidaria tiene un flanco vulnerable: Madrid. Si la práctica de la solidaridad, a la que tan afectos son los funcionarios, sirve entre otras cosas para que Madrid se convierta en la primera comunidad española en renta per cápita, con notable diferencia sobre las demás, es que hay algo podrido en la solidaridad. E ilustra acerca de la vigencia de ese refrán que dice que "el que parte y reparte se queda con la mejor parte". Si además tampoco sirve para que las regiones menos avanzadas acorten las distancias con el resto, habrá que inventar otra cosa. Es posible que la desigualdad sea un componente inherente al crecimiento económico, lo que no se arregla sacrificando a las regiones más dinámicas en beneficio de las que no lo son. Con eso sólo se consigue reducir el potencial del conjunto.

El tema resulta muy ilustrativo para los vascos, aunque parezca a primera vista que no nos afecta. La sobrerreacción generalizada ante las propuestas de Maragall prueba que estamos ante un tema candente, cuyo debate va a dominar la escena política durante años; un debate del que no podemos desentendernos alegremente, por lo menos a juzgar por las declaraciones del propio Zapatero, que no sólo ha afirmado que el cambio del modelo de financiación autonómica requiere el acuerdo de todas las comunidades autónomas, sino que ha asegurado que no es posible que las agencias tributarias autonómicas sustituyan totalmente al Estado en cada comunidad.

Maragall, en un alarde de posibilismo sólo ha pedido quedarse, con el 50% de la recaudación fiscal. A nosotros, el Concierto nos concede el 93%, y además las Diputaciones son la única instancia fiscal en el País Vasco, diga lo que diga el resto de comunidades autónomas. Un régimen excepcional, diferente de todos los demás, alcanzado en una coyuntura también excepcional, la de un Gobierno español débil y un País Vasco sumido en una crisis industrial galopante.

Por cierto, los catalanes, que pudieron obtener el mismo modelo fiscal, cosa que desdeñaron, se darían ahora con un canto en los dientes por tener algo muy inferior. Por si acaso, conviene recordar que nuestro Concierto funciona si la economía funciona. Por tanto, nuestro positivo saldo con el resto de España no es producto sólo del Concierto sino de una economía que, nadie sabe cómo, ha sabido reinventarse. Ahora sólo se acuerdan de lo bien que nos va y no de lo mal que nos fue.

En cualquier caso, convendría que algunos, en lugar de emplear tiempo y esfuerzos en divagaciones soberanistas y agravios competenciales sin sustancia, dediquen su talento a la tarea de conservar lo que tenemos. Porque podemos sospechar que, si tuviéramos que negociar a fecha de hoy, nunca obtendríamos un Concierto como el que tenemos, lo que quiere decir que el momento histórico es mucho más complicado (ojo a la sentencia del Tribunal Supremo). Además, es probable que se haya puesto en marcha la maquinaria uniformizadora, a juzgar por las declaraciones de Zapatero de que "el futuro modelo de financiación debe ser igual para todos, con reglas generales basadas en la exigencia de solidaridad entre todos los españoles". Nuestro sistema es justamente lo contrario (aunque esté reconocido en la Constitución).

Lo que quiere decir que la sociedad vasca debe ser consciente de lo que se juega y no desafiar gratuitamente al Estado por asuntos nimios: planes Ibarretxe y tonterías similares. El lema es: virgencita, que me quede como estoy.

Antxon Pérez de Calleja es economista.