Los obispos piden a los parlamentarios que voten contra las bodas homosexuales

La Conferencia Episcopal llamó ayer a jueces, alcaldes, concejales y funcionarios a ejercer la objeción de conciencia para no celebrar bodas gays. Los obispos, en una nota de su comité ejecutivo, arremeten contra el proyecto de la ley de matrimonios homosexuales, afirman que "no es verdad" que esa norma "amplíe ningún derecho", y recuerdan a los parlamentarios que "no podrán votar a favor". Los obispos añaden que esas uniones son "en realidad una falsificación legal del matrimonio" que causará "un perjuicio a los niños entregados en adopción a esos falsos matrimonios".

La Conferencia Episcopal, en clara alusión a la obligatoriedad legal para jueces, alcaldes y concejales (en tanto que funcionarios públicos) de celebrar estos casamientos, indica que "en la aplicación de una ley que no tiene fuerza de obligar moralmente a nadie, cada cual podrá reivindicar el derecho a la objeción de conciencia".

La nota del comité ejecutivo (el primero que preside el nuevo responsable de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez) se titula Acerca de la objeción de conciencia ante una ley radicalmente injusta que corrompe la institución del matrimonio, y desarrolla pormenorizadamente ese planteamiento, recordando como apertura que "el Gobierno anunció hace un año su intención de regular civilmente el matrimonio de una manera desconocida hasta ahora para la Humanidad. Para casarse no importaría hacerlo con una persona del mismo sexo".

Los obispos se remontan a anteriores análisis suyos, en los que invocaron incluso razones antropológicas, y exponen: "Ahora parece que el Parlamento se muestra dispuesto a aprobar esta nueva definición legal del matrimonio que, como es obvio, supondría una flagrante negación de datos antropológicamente fundamentales y una auténtica subversión de los principios morales más básicos de orden social".

"Falsificación legal"

En esta línea, los obispos atacan los fundamentos de derecho del proyecto de ley: "No es verdad que esta normativa amplíe ningún derecho, porque la unión de personas del mismo sexo no puede ser matrimonio. Lo que se hace es corromper la institución del matrimonio. Esa unión es en realidad una falsificación legal del matrimonio, tan dañina para el bien común como lo es la moneda falsa para la economía de un país".

La Conferencia Episcopal alerta contra la posibilidad de que sea legal la adopción de menores por parte de matrimonios homosexuales: "Pensamos con dolor en el perjuicio que se causará a los niños entregados en adopción a esos falsos matrimonios". Asimismo la proclama de los obispos vaticina problemas de índole educativa, y dicen tener presentes a "los jóvenes a quienes se dificultará o impedirá una educación adecuada para el verdadero matrimonio". "Pensamos también en las escuelas y en los educadores a quienes, de un modo u otro, se les exigirá explicar a sus alumnos que, en España, el matrimonio no será ya la unión de un hombre y de una mujer".

En concreto, los obispos señalan que "los católicos, como todas las personas de recta formación moral, no pueden mostrarse indecisos ni complacientes con esta normativa, sino que han de oponerse a ella de forma clara e incisiva. En concreto, no podrán votar a favor de esta norma y, en la aplicación de una ley que no tiene fuerza de obligar moralmente a nadie, cada cual podrá reivindicar el derecho a la objeción de conciencia. El ordenamiento democrático deberá respetar este derecho fundamental de la libertad de conciencia y garantizar su ejercicio".

El Congreso aprobó la ley, con el rechazo de PP y UDC, el pasado 21 de abril. Al día siguiente el Vaticano pidió a los funcionarios españoles que adujeran la objeción de conciencia para no celebrar esos matrimonios.

Ahora el texto debe pasar por el Senado, donde el PP tiene 126 escaños y, con algún apoyo, podría llegarse a los 130 votos que conforman la mayoría y derrotar así el proyecto de ley. En cualquier caso, el 21 de junio el texto, negado o modificado por el Senado, volverá al Congreso. La intención del Gobierno es vincular la entrada en vigor con el día del Orgullo Gay (28 de junio). Pero las enmiendas del Senado se votan los jueves: el 30 de junio lo es.