El PSOE considera inconstitucional la petición de la Iglesia a sus fieles de "desobedecer la ley"

El secretario general del Grupo Socialista, Diego López Garrido, exigió ayer a la Conferencia Episcopal que "rectifique" la petición de que los católicos se opongan al matrimonio homosexual. López Garrido recalcó que es "inconstitucional" solicitar "desobedecer la ley". Calificó de "totalmente inaceptables" las declaraciones de la Conferencia Episcopal, ya que "se arroga facultades y potestades que son sólo competencia del poder legislativo" y crea una "objeción de conciencia que no está reconocida en la Constitución". El dirigente socialista añadió que la nota episcopal pone a los católicos "en una situación muy difícil, forzando su conciencia", puesto que un funcionario que se niegue a aplicar una ley "está sometido a sanciones que en algunos casos pueden tener carácter penal".

La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, expresó su "respeto" por las opiniones de la Iglesia, pero añadió que "quien decide sobre las formas de matrimonio civil, que no religioso, es el Parlamento".

El ministro español de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, respondió a los obispos desde EE UU (donde giraba una visita oficial) que la nueva normativa "en nada interfiere con la libertad religiosa ni por supuesto con la presencia o autoridad que la Iglesia católica tiene con respecto de sus creyentes". El ministro recordó a los obispos que el Gobierno está "en el derecho y en el deber" de regular una convivencia "que tiene presencia en nuestra sociedad, está reconocida socialmente, ampliamente tolerada, y que además tiene el apoyo mayoritario, de acuerdo con todas las encuestas de opinión, de la sociedad española". Según López Aguilar, "éste un mensaje muy razonable y es un mensaje que la Iglesia está en disposición de entender".

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Ana Torme, abogó por reconocer los derechos de las parejas homosexuales con "una figura jurídica que no sea el matrimonio".

La Fundación Triángulo por la Igualdad Social de Gays y Lesbianas afirmó que la Iglesia "no tiene autoridad moral" para criticar el proyecto de ley, y recordó que es una organización "donde las mujeres no tienen derecho de voto".