Costas de hormigón

La suma de factores variopintos, desde la escasez de agua hasta las deficientes comunicaciones, jugó a favor del litoral de Cabo de Gata (Almería) durante décadas, justamente aquellas en las que la fiebre urbanizadora recorría las costas andaluzas alterando, sin remedio, su perfil natural. Cuando en 1987 esta extensa comarca se convirtió en el primer parque natural marítimo-terrestre de Andalucía aún se mantenían intactos ciertos valores, como el paisajístico, que en otras muchas zonas del Mediterráneo habían sido literalmente arrasados.

La decidida actuación de la entonces Agencia de Medio Ambiente se interpretó como una garantía de conservación, de manera que, a pesar de las manifiestas reticencias de algunos ayuntamientos, se alimentó la esperanza de que ciertos modelos de desarrollo, insostenibles, jamás llegarían a Cabo de Gata. Con el paso de los años, y a pesar de que no se han rebajado las cautelas ambientales que dicta la ley, aquel cerco del que se quería escapar se ha ido estrechando, y hoy son múltiples las amenazas que ponen en peligro la identidad de este espacio protegido.

El debate en torno al documento del nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), en el que se fijan los criterios básicos para regular todo tipo de actuaciones y actividades en el interior del parque natural, ha servido para que las principales organizaciones ecologistas, así como otros colectivos ciudadanos comprometidos en la defensa de este enclave, repasen la situación en la que se encuentra Cabo de Gata y analicen las repercusiones de algunos proyectos particularmente agresivos.

Hotel a pie de playa

A juicio de la Asociación de Amigos del Parque Natural, Ecologistas en Acción y el Grupo Ecologista Mediterráneo, los principales peligros se concentran en el sector de la agricultura, con la proliferación de invernaderos ilegales, y en el capítulo urbanístico, donde siguen planteándose actuaciones, muchas de ellas irregulares, capaces de provocar profundas alteraciones en zonas que se mantenían a salvo del hormigón.

Aunque el anterior PORN, aprobado en 1994, supuso una notable ampliación del suelo urbano en el interior del parque natural, las previsiones que ahora se manejan hablan de un nuevo incremento en la disponibilidad de terrenos aptos para la edificación, sin contar aquellas parcelas que ya están ocupadas por construcciones ilegales que se han beneficiado de la pasividad con la que, en estos casos, suelen actuar las diferentes administraciones. La presión por trasladar a esta franja costera modelos turísticos característicos de otras zonas saturadas se manifiesta, por ejemplo, en la playa de El Algarrobico (Carboneras), donde se construye un macrohotel a pie de arena.

El incremento de todo tipo de inmuebles, destinados a usos hoteleros o a segundas residencias, obliga a disponer de las correspondientes infraestructuras, sobre todo vías de comunicación, sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento de vertidos, recogida de basuras o suministro eléctrico. Y todos estos elementos contribuyen a alterar, aún más, un territorio que hasta hace bien poco no precisaba de grandes obras para atender este tipo de necesidades.

La agricultura en estas tierras semiáridas mantuvo desde antaño un carácter marginal, puesto que sólo eran viables los cultivos extensivos de secano y los huertos familiares que solían mantenerse gracias a ingeniosos sistemas para la extracción, conducción y almacenamiento del vital elemento. La aparición de los invernaderos, que ofrecen una alta rentabilidad donde hasta entonces sólo había subsistencia, supuso una profunda modificación del sistema agrícola. En la actualidad, y según datos de Ecologistas en Acción, existen más de 80 invernaderos ilegales repartidos por el parque natural, sin que se haya actuado contra ellos ni se sepa el tratamiento que recibirán en el nuevo PORN (en 1994 ya hubo una "amnistía" de los existentes hasta ese momento).

Los colectivos que se manifiestan en defensa de Cabo de Gata critican la poca o nula atención que se brinda a la agricultura y ganadería tradicionales, o a aquellas explotaciones que se ajustan a la producción ecológica, mientras se fomentan los cultivos intensivos de regadío al aire libre. "Ni siquiera se ha planteado una reserva expresa de suelo para este tipo de agricultura sostenible, si bien los invernaderos, de gran impacto ecológico, cuentan en la propuesta del nuevo PORN con una reserva de más de 500 hectáreas", lamentan. Si al urbanismo y la agricultura se suman las amenazas en torno a la pesca y la acuicultura en zonas sensibles, la minería o la caza, el panorama que se dibuja es, a juicio de los ecologistas, inquietante.