El Gobierno de Maragall quiere recuperar los déficit atrasados de los viejos modelos

El modelo de financiación autonómica del Gobierno catalán mira, además de al futuro, al pasado reciente: pretende que el Estado reconozca y abone lo que considera una deuda contraída con Cataluña como consecuencia de las carencias históricas de los anteriores sistemas de financiación. Así se recoge en la propuesta que hoy presentará el Ejecutivo que preside Pasqual Maragall, aunque no cuantifica el importe. Incluye en esta deuda las insuficiencias acumuladas de inversión estatal en infraestructuras en Cataluña, y propone que esa inversión se equipare al peso de la comunidad en el PIB español.

El déficit inversor en infraestructuras es una vieja reclamación no sólo de la clase política sino de las instituciones socioeconómicas de Cataluña, como el Círculo de Economía, uno de los foros académicos y empresariales más significados de España, y la Cámara de Comercio de Barcelona. Consideran que el desfase está lastrando la economía catalana.

La institución cameral cuantificó el pasado junio en más de 5.800 millones de euros el déficit en infraestructuras que arrastra Cataluña en los últimos 14 años y atribuyó la responsabilidad a la Administración central. La cifra se calculó basándose en el desfase existente entre el porcentaje real de inversión en infraestructuras del Gobierno central en Cataluña respecto a la inversión total en España y la cantidad que, a juicio de la Cámara, entre otras instituciones, debería invertirse en función del peso económico catalán en el conjunto del Producto Interior Bruto (PIB) del Estado, que es del 19%.

Esto es, exactamente, lo que pretende el modelo de financiación autonómica elaborado por el Gobierno catalán. Éste requiere, además, que se reparen los déficit acumulados.

El agujero histórico, sin embargo, no sólo procede del déficit en infraestructuras sino del incumplimiento del principio de lealtad institucional, algo que reclaman varias comunidades autónomas. Este principio establece que el Estado debe compensar a las comunidades autónomas por la introducción de cambios normativos que mermen los ingresos cedidos o afecten a la estructura de gastos de los Gobiernos autónomos.

Sucedió, por ejemplo, con la última reforma del IRPF del anterior Ejecutivo, de José María Aznar, y con la Ley de Calidad de la Enseñanza. El Congreso aprobó a finales de noviembre pasado una moción presentada por Esquerra Republicana -con el apoyo de todos los grupos salvo el PP- que insta al Gobierno central a compensar a las regiones en este sentido y a prever en cada norma la dotación para remediar este coste.

Por el momento, el Gobierno catalán no ha cuantificado ni lo que considera esa suerte de deuda histórica del Estado ni tampoco la cifra que espera obtener con su propuesta de financiación. Deja esa labor en manos de los expertos.

Traducción en dinero

Expertos fiscales próximos al Gobierno estimaron la traducción en dinero que tendría la propuesta de financiación del Ejecutivo de Maragall. La estimación parte de la base de que se crearía una Agencia Tributaria catalana que recaudase todos los impuestos y cediese al Estado un 50% (la propuesta catalana no alcanza necesariamente esa cifra) de la recaudación del IRPF, IVA, impuestos especiales e impuesto de sociedades.

Teniendo en cuenta que este último tributo hoy no está compartido, los expertos lo dejan fuera en un primer cálculo, cuyo resultado supondría 11.344 millones de euros para Cataluña, 1.445 millones más que los que obtiene con el sistema actual.

Sin embargo, añaden los expertos, si se incluye el impuesto que grava los beneficios empresariales, la ganancia para Cataluña sería de 3.821 millones de euros, puesto que el saldo de ingresos sería de 13.621 millones.

Estos cálculos se han realizado sobre las cuentas públicas correspondiente a 2004. A este respecto, los fiscalistas subrayan que la cesión del impuesto de sociedades entraña una gran complejidad debido a que "las empresas domiciliadas en Cataluña que pagan sus tributos en la delegación de Hacienda de esta comunidad pueden proceder de Cataluña, pero también de cualquier parte del territorio nacional, siendo muy problemática, desde el punto de vista técnico, su distinción. Las empresas no distinguen su facturación dentro del territorio nacional".

El tripartito prevé que el modelo de financiación eche a andar en un plazo de cinco años, de forma progresiva, y crear la Agencia Tributaria en los primeros 12 meses desde su entrada en vigor. Además, contempla evaluar los mecanismos del modelo cada cinco años y poder equipararse en resultados con las comunidades de régimen foral en un máximo de 15 años.