Una propuesta que entronca con el debate sobre la balanza fiscal

La propuesta de financiación del Gobierno catalán no tiene como objetivo declarado reducir el déficit fiscal entre Cataluña y el Estado. Sin embargo, encoger dicho déficit es una de las consecuencias lógicas de su aplicación. De hecho, y como punto de partida o casi de diagnóstico, el Ejecutivo autónomo ha solicitado en reiteradas ocasiones, con el apoyo de CiU, la publicación de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas para mejorar la transparencia del sistema de financiación.

La realización de estudios sobre balanzas fiscales es una tradición centenaria en Cataluña, con resultados dispares según la metodología utilizada. Fiel a dicha tradición, no sorprendió aquí que la Generalitat encargara un informe a 13 economistas para que radiografiaran la situación. Su informe desató las críticas de varios ministros del Gobierno. Ahora con el PSOE, pero también en el PP, que aludió a la "dificultad" de calcular las balanzas fiscales, el Ejecutivo central siempre se ha negado a facilitar información al respecto.

Sin embargo, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que ha admitido la necesidad de mejorar la financiación de Cataluña, ha reconocido recientemente la necesidad de publicar las balanzas fiscales, y ha acabado por poner en marcha un grupo de trabajo de seis expertos que ya ha empezado las primeras reuniones para determinar la metodología que se utilizará en el cálculo del saldo fiscal entre comunidades.

El informe catalán cifraba en el 7,5% del PIB de Cataluña su déficit fiscal entre 1986 y 2001, aunque en los últimos años superó el 9% del PIB regional. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, ha dicho que quiere que la nueva financiación aporte al menos 2.400 millones de euros anuales más a Cataluña. En 2001, el sistema pactado entre CiU y el PP aportó sólo 240 millones de euros adicionales al año.