El Congreso aprueba el matrimonio homosexual

El Congreso de los Diputados vivió ayer una sesión histórica. Con la aprobación del proyecto de ley para permitir el matrimonio homosexual, España se sitúa a la cabeza de los países que dan plena igualdad jurídica a los homosexuales. Hasta ahora sólo Holanda y Bélgica y algunos estados de Canadá lo han hecho, pero con algunas limitaciones.

El proyecto fue aprobado por el 57% de los diputados presentes (183). Votaron a favor el PSOE, el Grupo Mixto, Izquierda Verde (IU-ICV), ERC, PNV, CC, Mercè Pigem y Carles Campuzano, de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), y Celia Villalobos, del PP, quien declinó explicar por qué había roto la disciplina de voto. En contra lo hicieron 133 diputados del PP y los tres de Unió Democràtica de Catalunya (UDC). Se abstuvieron Gonzalo Robles y Alicia Castro, del PP -por error, según el partido-; y los cuatro diputados restantes de CDC.

La norma, que el Gobierno quiere que entre en vigor el 28 de junio, día del Orgullo Gay, Lésbico y Transexual, tiene que ser debatida en el Senado, donde el PP, con 126 escaños, podría derrotarla si consigue algún apoyo (la mayoría está en 130). En ese caso el Congreso tendrá que volver a discutirla y aprobarla.

La propuesta del Gobierno quiere "poner fin a una intolerable discriminación", dijo la diputada socialista Carmen Montón. "Siempre han existido países que han sido los primeros" en legislar aspectos que ahora se consideran "normales, como los matrimonios interraciales", añadió, en referencia a lo novedoso de la iniciativa.

"No es homofobia"

La representante del PP, Ana Torme, negó que su grupo se opusiera a la ley "por homofobia". "¿Acaso Francia o Alemania, la Real Academia de Jurisprudencia, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial o Francisco Vázquez, [alcalde socialista de A Coruña] pueden calificarse de homófobos porque defienden otra forma de reconocer los derechos de los homosexuales?", preguntó. La respuesta desde la tribuna de invitados, con más de 70 representantes de asociaciones gays, fue un clamoroso "¡Sí!".

Torme mantuvo su propuesta de "defender la equiparación de derechos, salvo la adopción", fuera del matrimonio, porque éste "siempre ha sido, a lo largo de los siglos, la unión de un hombre y una mujer". En la misma línea, Josep Maria Guinart, de UDC, insistió en que "no era contrario a la igualdad de derechos", pero calificó la ley de "inoportuna" cuando "se podía haber recurrido a otras figuras para conseguir los mismos fines", como las uniones civiles. Además, UDC rechaza que las parejas de homosexuales puedan adoptar. En su turno, la portavoz socialista les replicó que "la ley va más allá de la unión civil, que es incompatible con su espíritu", porque supondría crear "ciudadanos de primera y de segunda".

Mercè Pigem, de CDC, defendió que gays y lesbianas accedan "al reconocimiento jurídico" que supone el matrimonio "a través de la misma institución" que el resto. Pigem recalcó que ello "no menoscaba ni daña los derechos a nadie". Es "una defensa de la familia y de sus hijos". "Así se evitará que se les prive de las ventajas de una filiación estable", dijo. CDC dio libertad de voto.

También el PNV dio libertad de voto, aunque los diputados presentes se pronunciaron a favor. Su portavoz, Margarita Uría, explicó que son "partidarios de la igualdad de derechos", pero que quería dejar abierta la puerta a que las uniones no se llamaran matrimonio. El PNV está a favor de la adopción, en coherencia con "la ley de parejas del País Vasco, que la permite".

Los activistas fueron protagonistas de la intervención de Isaura Navarro, de Izquierda Verde. "Os felicitamos por vuestra lucha. Habéis convencido a la sociedad y a sus representantes", les dijo. Volviéndose a los bancos del PP añadió: "La homosexualidad no se puede considerar una patología, pero sí lo es la homofobia. Y su tratamiento es la biblioterapia".

Francisco Rodríguez, del BNG, destacó que al casarse las parejas gays tendrán "acceso a beneficios de naturaleza tributaria, sucesoria, de protección social y adopción". Rodríguez defendió dos enmiendas. Una para hacer más explícita la posibilidad de que dos personas del mismo sexo se casen y otra "para acabar con una discriminación de siglos" en las leyes.

Las menciones a la persecución histórica de los homosexuales fueron frecuentes. "La equiparación de derechos es el único acto de desagravio que hoy y aquí podemos ofrecer", dijo el diputado de ERC Agustí Cerdà. "Los grandes beneficiarios" de esta ley "serán los niños, al tener reconocida una familia", afirmó.

Aunque no es lo habitual, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quiso cerrar el debate. En su breve intervención agradeció el nivel de la discusión y resaltó que la ley busca garantizar ese "derecho fundamental, no expreso, que es la búsqueda de la felicidad".

La Conferencia Episcopal Española remarcó ayer su rechazo a la ley, a la que calificó de "radicalmente injusta y perjudicial para el bien común". "Ante la inusitada innovación legal anunciada, tenemos el deber de recordar algo tan obvio y natural como que el matrimonio no puede ser contraído más que por dos personas de diverso sexo. A dos personas del mismo sexo no les asiste ningún derecho" a casarse, señaló.