Reformas a punto

El Congreso dio luz verde ayer a dos de las más importantes reformas en materia de derechos civiles comprometidas por los socialistas en su programa electoral. La de la histórica Ley del Divorcio de 1981 pretende reducir los actuales trámites procesales -la supresión de la separación previa, principalmente- y de paso los costes, dando un mayor papel a la libre voluntad de los cónyuges, que podrán compartir la guarda y custodia de sus hijos. Y la del matrimonio, abriendo esta institución regulada en el Código Civil a las parejas de orientación homosexual en igualdad de derechos y deberes con las heterosexuales.

Ambas reformas todavía deberán pasar por el Senado, donde pueden encontrar dificultades pasajeras, pero no habrá obstáculos para su aprobación definitiva a su vuelta al Congreso. La más controvertida es el reconocimiento del matrimonio homosexual, pero no más que lo fue en su día el divorcio, hoy perfectamente asumido por la sociedad. Quizá sea ésta la causa por la que el PP ha optado por abstenerse ante la actual reforma del divorcio en la votación del Congreso.

El matrimonio homosexual, aprobado por una mayoría de 183 diputados, ha tenido en cambio los votos en contra del PP y de los tres diputados democristianos de CiU. Puede plantearse si el Gobierno y la amplia mayoría parlamentaria favorable han ido demasiado deprisa y si hubiera sido conveniente un mayor debate sobre la cuestión. Pero la sociedad española ya tiene, como señalan las encuestas, una opinión fundada mayoritariamente favorable a la cuestión. El derecho al matrimonio también ha sido la reivindicación más importante y publicitada de los colectivos de homosexuales en los últimos años.

Los sectores opuestos a esta reivindicación aducen más bien sus creencias religiosas y opciones morales que razones estrictamente jurídicas. La Iglesia católica, flanqueada por las confesiones protestante, judía y ortodoxa, rechazan de plano el matrimonio homosexual. Pero se refieren al matrimonio religioso y no al civil, tutelado y regulado por el Estado, que, como toda institución jurídico-social, puede y debe evolucionar según se amplía el ámbito de derechos ciudadanos. Suena a broma que el PP, opuesto a aprobar una ley estatal sobre parejas de hecho durante sus ocho años de gobierno, reivindique ahora esta regulación de segundo orden, prevista para otros supuestos, como la más adecuada para dar justa respuesta a la equiparación legal reclamada por las parejas homosexuales.