Los editores critican que Andalucía acabe con el sistema de cheques para libros de texto

Las principales asociaciones españolas de libreros, editores, escritores y distribuidores de libros de texto firmaron ayer un manifiesto en Sevilla en el que se oponen al cambio en el sistema de gratuidad de los libros escolares en la educación obligatoria en Andalucía. La Junta quiere sustituir el cheque-libro anual y para todos los alumnos que se otorga a las familias desde 2001 por el préstamo. El sector editorial sostiene que está a favor de la gratuidad, pero no del préstamo, porque obligará a los niños a usar libros usados, es "socialmente injusto y discriminatorio" y pone en peligro la supervivencia del sector del libro de texto. Por su parte, la Junta mantiene que sólo este modelo garantiza económicamente la gratuidad.

Los editores de libros de texto defienden el método del cheque-libro, que se empezó a implantar en 2001 en Andalucía, ya que en su opinión, entre otras cuestiones, dinamizó económicamente al sector. La Consejería de Educación ayuda desde entonces a las familias a adquirir libros a través de cheques canjeables en las librerías que ellas elijan.

El manifiesto de los editores señala que el sistema de préstamo es "socialmente injusto y discriminatorio" porque crearía dos tipos de estudiantes: los que podrán costearse libros nuevos y los que deberán conformarse con los viejos y heredados. También advierte de que la Junta puede convertirse en "comprador único y fijar los precios de los libros y las condiciones de venta, violando las normas y las leyes de la libre competencia".

El viceconsejero de Educación de Andalucía, Sebastián Cano, argumenta que "para sufragar los libros de texto gratis hay que implantar el préstamo, no hay otra forma". Si se pone en marcha el decreto aprobado en Andalucía el 16 de marzo, los libros de los alumnos de 1º y 2º de primaria -de 6 y 7 años- , serán gratuitos desde el curso que viene. La Junta calcula implantar con este sistema la gratuidad paulatinamente en toda la educación obligatoria a partir del curso 2006-2007, con un coste total, que Sebastián Cano calcula en alrededor de 70 millones de euros.

La Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto (ANELE) afirmó en las alegaciones presentadas hace unas semanas al decreto de la Junta que "se verá en el desagradable deber de denunciar" a la consejería de Educación ante los tribunales de Justicia y de Defensa de la Competencia si no se evita la fijación unilateral de precios". "No estamos en contra de la gratuidad de los libros escolares, sino del modelo del préstamo. En países de nuestro entorno, como Francia, el Reino Unido o Alemania, el método ha fracasado", afirma el director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio María Ávila.

Con el préstamo, ni los niños ni sus padres serán los dueños de los libros. La Consejería de Educación financiará el pago para que la escuela se haga cargo de ellos. Terminado el curso, el tomo será guardado en un almacén del centro escolar para que el curso escolar siguiente sea utilizado por otro alumno. Así, la Junta espera que un mismo libro pueda durar un máximo de cuatro años.

Según las editoriales, será además caro registrar y almacenar los libros en los centros educativos. Sin embargo, el responsable de educación de CC OO en Andalucía, José Blanco, por la experiencia de Castilla-La Mancha, -comunidad que ha implantado la gratuidad mediante el préstamo- no parece haber demasiados problemas de este tipo. El presidente de la principal asociación de padres de alumnos de Andalucía, CODAPA, está a favor de la medida que, según dijo, llevaban "años pidiendo".

Los editores se quejan además de que la Junta no han contado con ellos. Aseguran que la primera reunión con las Consejerías de Educación y Cultura se celebró el pasado día 11. La negociación se centrará mañana en la orden que va a desarrollar el decreto, orden que el sector quiere cambiar.

Si el sistema de préstamo funciona, se comprarían libros de texto cada cuatro años. Es un recorte de ventas que el sector cree imposible de soportar. El sector calcula que cerrará un 66% de las librerías andaluzas (unas 5.000). "El año pasado cerraron 400 librerías sólo en Andalucía, por la ley del PP que permite a grandes superficies descontar el 25% del precio a los libros de texto", afirma el presidente de la Federación Andaluza de Libreros, Manuel Cruz.