"Todavía no podemos hablar de igualdad legal"
Franco ya había muerto cuando una monja denunció a Antoni Ruiz (Xirivella, Valencia, 1959) por homosexual. La historia rocambolesca comenzó cuando Ruiz, con 17 años, le dijo a su madre que era homosexual. Ésta pidió consuelo a una vecina, que se lo contó a la religiosa. "A las seis de la mañana se presentaron cuatro secretas en casa", recuerda.
Así comenzó su periplo por las cárceles. Estuvo en Valencia, Carabanchel (Madrid) y en Badajoz, centro reservado a los homosexuales considerados "pasivos", según la clasificación de la Ley de Rehabilitación y Peligrosidad Social. A los tres meses
[pena mínima establecida para rehabilitar a los homosexuales] le dieron la libertad.
Después de sufrir el destierro correspondiente y tras mucho pelear, logró rehacer su vida. Hasta que en 1995 fue detenido sin carné de identidad. Al comprobar sus datos con la central, Ruiz supo que su ficha de homosexual (su único delito) seguía existiendo. Ahí comenzó una nueva lucha. Primero intentó que los antecedentes se destruyeran. Pero hoy ha entendido que se trata de un documento histórico. Por fin el 15 de diciembre de 2004, el Congreso aprobó una declaración en "reconocimiento a todas las personas que durante el régimen franquista padecieron persecución y cárcel por su orientación o su identidad sexual, y cuyo sufrimiento no ha sido aún reconocido".
La declaración no incluye un resarcimiento económico, como el que han recibido otros presos del franquismo. "Hasta que no seamos indemnizados no podemos hablar de haber alcanzado la igualdad legal", afirma.
