Ante la manifestación: la sanidad es cosa de todos

La circunstancia primera y principal que señala y define lo que es la calidad de vida reside en la sanidad. Por eso, los ciudadanos en cuanto tales tienen como preocupación fundamental que se garantice la salud de todos mediante un sistema sanitario público, universal y gratuito. No por casualidad en la primera Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada el año pasado se identificó el futuro de la sanidad en nuestro país como la primera preocupación del Estado, lo que es tanto más subrayable por cuanto estaban allí representadas todas las Comunidades, las mismas entidades políticas que desde sus particulares ámbitos de actuación son también Estado y tienen competencias al respecto.

Se ha alentado cada vez más la presencia del sector privado en la cobertura sanitaria

Cuando la Comunidad de Madrid recibió las transferencias sanitarias en el año 2002, CC OO y UGT ya denunciamos que se asumían esas competencias con un agujero de 1.800 millones de euros, lo que dejaba a la sanidad de nuestra región en una situación muy comprometida desde el punto de vista financiero. A partir de ese momento ambos sindicatos hemos presentado una alternativa sanitaria, con análisis, estudios y propuestas, que no ha sido atendida hasta ahora por los sucesivos Gobiernos regionales del Partido Popular, a quienes siempre hemos reiterado que la sanidad madrileña requería, y requiere, un amplio consenso social y político para afrontar todos los problemas que tenemos planteados.

Nuestras propuestas han incluido la reordenación y racionalización de las áreas sanitarias, que son 11 en la actualidad y que rebasan en todos los casos los 250.000 pacientes establecidos por la Ley General de Sanidad. De igual manera hemos señalado algunas de las necesidades más urgentes que tiene Madrid como, por ejemplo, el aumento de 8.000 plazas hospitalarias o la creación de 60 nuevos centros de atención primaria. Por otra parte es urgente abordar retos como el de la atención socio-sanitaria y elaborar planes específicos para combatir las listas de espera, tanto diagnósticas, que alcanzan hasta un año y tres meses, como las de intervenciones quirúrgicas, que están muy lejos de alcanzar el compromiso electoral de la presidenta [Esperanza Aguirre] de situarlas en tan sólo 30 días de espera.

Ante este incierto panorama, el consejero de Sanidad [Manuel Lamela] se ha dedicado únicamente, en el tiempo que lleva en el cargo, a vender planes virtuales y mediáticos que en nada han cambiado la compleja realidad de los hospitales y de los centros de atención primaria y especializada. Mientras tanto, se ha alentado cada vez más la presencia del sector privado en la cobertura de las necesidades sanitarias, de tal manera que parece que los objetivos de la gestión del consejero se centran en convertir la sanidad pública en campo de experimentación de esos intereses privados. En medio de esta situación se han producido las injustificadas acusaciones a los profesionales del hospital Severo Ochoa, de Leganés, que han revelado los modos y maneras inquisitoriales de la actuación del consejero de Sanidad ante una denuncia anónima, y también la arrogante actitud del Ejecutivo regional y de su presidenta.

Para los trabajadores del sistema sanitario público y para los ciudadanos madrileños resulta intolerable que se ponga en cuestión la profesionalidad y la calidad del sistema. No podemos admitir bajo ningún concepto que se propugne la confrontación antes que el acuerdo y que se someta al personal sanitario a una incomprensible inseguridad jurídica. Siendo la sanidad una cuestión esencial de la vida ciudadana, considerada tanto desde el punto de vista personal como colectivo, es rechazable de todo punto que se esté generando una creciente incertidumbre sobre su futuro.

Por todo ello vamos a salir a la calle, para exigir el respeto a los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores que están siendo ignorados por el Gobierno autónomo. Vamos a manifestarnos para que se escuchen nuestras denuncias y para obligar a los responsables autonómicos a rectificar y a restituir la dignidad de los profesionales sanitarios, lo que además es el mejor medio para la recuperación de la confianza de la ciudadanía en la sanidad pública, que tras la alarma social creada por el consejero ha sufrido un deterioro que, de no producirse esa imprescindible rectificación política, podría ser irreversible. La defensa de la sanidad pública madrileña es una prioridad para UGT y CC OO, de la misma manera que lo es defender y apoyar a los trabajadores del hospital Severo Ochoa y, con ellos, a cuantos día a día cuidan de nuestra salud en condiciones cada vez más difíciles.

Exigimos la destitución del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que no sólo no ha sabido defender a los profesionales sanitarios y la presunción de inocencia ante denuncias anónimas, sino que, con sus irresponsables actuaciones, ha contribuido a deteriorar la imagen de un sistema sanitario público del que no es propietario sino administrador temporal y, como estamos comprobando, muy mal administrador temporal.

El hospital Severo Ochoa somos todos. Y con la fuerza de todos vamos a defender la sanidad pública madrileña, la dignidad del hospital y la labor y el trabajo de sus profesionales. Hoy, a las 19.00, estaremos miles de ciudadanos y trabajadores en Cibeles en defensa de la sanidad pública y exigiendo el cese inmediato de Manuel Lamela, consejero de Sanidad del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Los autores critican la actuación de Manuel

Lamela al frente de la Consejería de Sanidad

de Madrid y piden que dimita por su actuación

en la crisis del hospital Severo Ochoa.

José Ricardo Martínez Castro es secretario general de UGT-Madrid y Francisco Javier López Martín es secretario general de CC OO-Madrid.