El Congreso de Ecuador intenta frenar la protesta popular contra el presidente Gutiérrez

Miles de manifestantes enardecidos prosiguieron ayer, por quinto día consecutivo, con sus multitudinarias marchas en las calles de Quito en contra del Gobierno y la clase política. La polémica decisión del presidente Lucio Gutiérrez de someter a la capital ecuatoriana hace dos días a un estado de emergencia que derogó 19 horas después ha fortalecido a los opositores, que ven al mandatario como un gobernante desesperado y debilitado. Mientras, el Congreso trataba anoche de atajar el descontento popular con una reforma del Poder Judicial, origen de la crisis.

La emisora capitalina Radio La Luna, principal portavoz de los manifestantes, multiplica las voces de protesta, que ya no sólo piden la dimisión del presidente, sino también la salida de todos los políticos del país, a los que señalan como causantes del caos político, social y económico que ha vapuleado Ecuador en los últimos 20 años.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, el mandatario dijo que terminó con el estado de emergencia a petición del presidente del Congreso, Omar Quintana, y reveló el acuerdo para que los legisladores traten dos puntos: la ratificación del cese de la Corte Suprema de Justicia y el inicio de las discusiones del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Función Judicial.

Según Gutiérrez, el estado de emergencia era necesario para cumplir con su objetivo de cesar a los jueces. El presidente exhortó al Legislativo a que tratara en el menor tiempo posible éste y otros proyectos con el fin, dijo, "de que Ecuador disponga de la mejor Corte Suprema de Justicia de la historia, que tendrá que ser independiente de los grupos de poder político y económico".

Así, con una sesión extraordinaria convocada para la tarde de ayer, el Congreso Nacional intenta apagar el incendio que arde en la capital y que amenaza con propagarse a otras ciudades del país. Para la tarde de hoy están previstas movilizaciones simultáneas en las principales ciudades de la nación, encabezadas por sus respectivos alcaldes.

La presión de las múltiples marchas ha obligado a Gutiérrez a extremar las medidas de seguridad. La Corte Suprema de Justicia fue cercada y el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno, se ha convertido en un búnker.

Las inmediaciones del Palacio Legislativo cuentan con un fuerte resguardo militar, ya que se espera una masiva manifestación de protesta que amenaza la sesión, en la que los diputados del Gobierno y de la oposición intentan consensuar una solución a la crisis judicial, que fue el detonante del conflicto que atraviesa la nación.

La situación de incertidumbre en el país suramericano se ha agudizado con las graves especulaciones sobre una posible división interna en las Fuerzas Armadas, cuya cúpula ha respaldado siempre férreamente al presidente, Lucio Gutiérrez. Además, según el ex presidente León Febres Cordero, uno de los mayores opositores al régimen actual, "Ecuador acaba de vivir un medio golpe de Estado". "No descarto un golpe de Estado total, de la mano de los militares o del propio Gutiérrez", manifestó.

Las protestas populares también se dirigen contra del reciente retorno a Ecuador del ex mandatario Abdalá Bucaram tras un exilio de ocho años en Panamá, debido a que la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de los juicios en su contra por presunta corrupción. El presidente de la Corte, Guillermo Castro, amigo de Bucaram, anuló los procesos de malversación de fondos públicos y de contrataciones irregulares atribuidas al ex gobernante durante su corto mandato.

El regreso de Bucaram ha desatado la indignación popular, que demanda la reapertura de los sumarios contra el ex presidente para que no quede impune. Bucaram y Gutiérrez han mantenido durante los últimos meses una estrecha alianza, que quedó en evidencia el pasado diciembre, cuando sus partidos y otros aliados lograron que el Congreso reorganizara la Corte.