El presidente de Castilla y León califica el retorno de escándalo y disparate histórico

Juan Vicente Herrera dijo que el traslado de los documentos es un asunto "muy grave", impulsado por un Gobierno nacional que "está dispuesto a pagar una hipoteca política a quienes le tienen cogido por donde todos saben, a costa del patrimonio común de todos los españoles". El responsable del Gobierno regional se quejó, además, de que el jueves "todo el mundo" debatiera el contenido del anteproyecto de ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros, sin que la Junta de Castilla y León tuviera conocimiento del mismo. También fue muy crítico con el adelanto de la fecha elegida por el Gobierno central para sacar adelante el texto legal, que en principio iba a ser el próximo viernes 22, víspera del Día de Villalar, la fiesta de Castilla y León, y de la Diada de Sant Jordi, patrón de Cataluña. "Que nadie se crea que cambiando la fecha nos han hecho ningún favor, porque se han limitado a aplicar esa doctrina de la eutanasia activa anticipando una semana la muerte del archivo de Salamanca".

La consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, que ayer estuvo en Salamanca, acusó al Gobierno nacional de "destruir el patrimonio", y dijo: "Quienes quieren desmantelarlo, que lo expliquen".

Mandato

El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, afirmó: "La gente de Salamanca me dice que tengo que hacer lo imposible, como su alcalde, como su primer vecino, para que los papeles no salgan de Salamanca jamás, y yo haré lo que los salmantinos me piden". El alcalde añadió que en 1995 prometió "gobernar con los salmantinos, no contra los salmantinos, y cualquiera que se ponga contra los salmantinos estará también contra el alcalde de Salamanca, y yo haré lo que los vecinos de Salamanca me pidan". Lanzarote dijo: "Si ellos quieren que los papeles queden aquí por siempre, yo seré el primero que intente cumplir, por encima de todo, el mandato que a mí a su vez me dan los salmantinos: que de Salamanca no se mueva ningún papel, y menos por razones de expolio, como está pasando".

"Al final de este proceso, lo malo, con ser malo, no es que expolien el patrimonio de todos los españoles con sede y con ubicación en Salamanca; lo malo es que encima te humillan y te están agraviando permanentemente, están provocando que el pueblo de Salamanca, el pueblo de Castilla y León salte, porque nos tratan de una manera absolutamente vejatoria, como yo creo que no merecemos", indicó Lanzarote.

Ángel Villalba, secretario del Partido Socialista de Castilla y León-PSOE, aseguró que apoyarán con su voto el texto legal que permita la vuelta de determinados documentos a Cataluña. Villalba, que dijo que "hubiera preferido que el debate sobre el archivo no hubiera tenido lugar nunca", valoró haber logrado para la región algunas mejoras culturales como un nuevo equipamiento para el Palacio de Orellana, o que el archivo "sea el gran centro nacional de la Guerra Civil y de la memoria histórica recuperada".

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Pablos, señaló que el acuerdo del Consejo de Ministros "ha desmontado al PP su juego estratégico", ya que ha marcado "la inutilidad de la vía judicial" que se había emprendido. Además de señalar que se ha seguido el dictamen de la comisión de expertos sin ningún voto en contra, Pablos puso de relieve que "se ha utilizado el sistema parlamentario, lo que supone transparencia democrática", y también porque garantiza que Salamanca será sede de la documentación sobre la Guerra Civil.