El Parlamento iraní aprueba un proyecto de ley para ampliar los supuestos de aborto legal

El Parlamento iraní aprobó ayer un proyecto de ley para extender el aborto a los casos de malformación del feto, según informó la agencia oficial de noticias iraní, Irna. La medida, que amplía el supuesto actual de peligro para la vida de la madre, necesita ahora el visto bueno del Consejo de Guardianes, un órgano de supervisión que se asegura de que todas las leyes estén de acuerdo con la sharía (ley islámica). Es la primera vez desde la Revolución Islámica de 1979 que la Cámara aborda este controvertido asunto y, curiosamente, lo ha hecho durante una legislatura controlada por los conservadores.

"Se permite el aborto en los primeros cuatro meses de embarazo siempre que el matrimonio lo solicite y tres médicos confirmen que el feto sufre una deficiencia mental o malformación física, lo que infligiría una carga financiera a la familia, o que la vida de la madre esté en peligro", establece el texto aprobado por 127 de los 217 diputados presentes en la Cámara (de un total de 290). A la sesión, retransmitida en directo por la radio estatal, no asistieron las 13 mujeres miembros del Parlamento, según informó la emisora.

El corresponsal de Sanidad de Irna asegura que "en la práctica ya se estaban realizando abortos por razones médicas tanto para salvar a la madre como para evitar el desarrollo de fetos con deficiencias y que la ley ayudará a eliminar las dificultades al respecto". También subraya que "es significativa porque introduce castigos para cualquier abuso de esas excepciones".

La legislación existente hasta ahora era muy restrictiva, ya que sólo permitía el aborto si los servicios de medicina legal certificaban el diagnóstico de tres médicos sobre el peligro del embarazo para la vida de la madre. También se admitía en el caso de inviabilidad del feto y siempre que la interrupción se practicara dentro de los cuatro primeros meses de gestación.

Fuera de esos supuestos, el Código Penal castiga a la mujer que aborta a entre tres y diez años de cárcel, además de al pago de una indemnización por acabar con un feto humano. Ese riesgo no impide que cada año unas 80.000 iraníes se sometan a intervenciones de interrupción del embarazo, según cifras que baraja la prensa local y que muchos observadores consideran estimaciones por lo bajo. El asunto, además de alimentar un lucrativo negocio clandestino, ha abierto un debate social sobre la necesidad de más educación sexual. A pesar de que la República Islámica es uno de los pocos países musulmanes en contar con un programa oficial de educación sexual e información sobre medios anticonceptivos, éste se limita a los matrimonios.

La nueva ley no admite el aborto en caso de violación. El debate se ha centrado no en el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, sino en "los costes que para las familias tiene la crianza de hijos discapacitados cuando los exámenes médicos detectan problemas de antemano". A pesar de las resistencias que ha encontrado durante el debate parlamentario, el proyecto de ley ha recibido el respaldo de una Cámara eminentemente conservadora.

A la espera del visto bueno del Consejo de Guardianes (integrado por seis clérigos y seis abogados), el Parlamento ha pedido al Ministerio de Sanidad que formule un plan de acción para poner en práctica la ley, que necesitará la aprobación del Gobierno.