El Gobierno amplía a 170 millones el fondo de ayudas para I+D en parques científicos

El Gobierno quiere que los parques científicos y tecnológicos sean un instrumento de competitividad y desarrollo. Para ello ha eliminado, según fuentes del Ministerio de Educación y Ciencia, las barreras burocráticas que limitaban el acceso de las pymes (pequeñas y medianas empresas) a las ayudas del Plan Nacional de I+D+i y la consolidación de grupos regionales de investigación, con una batería de cambios en la orden que regula las bases. La convocatoria -que saldrá en abril- multiplica por 10 la financiación, para pasar de los 18 millones de euros en 2004 a los 170.

El fracaso de la gestión política de la I+D+i ha sido constatado en todos los indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) del último lustro. Y, en concreto, la última estadística de Eurostat según la cual en 2003 el porcentaje de inversión en I+D en España fue menor que en la República Checa y Eslovenia.

Las causas de este estancamiento -según el diagnóstico de la Secretaría de Estado de Política Científica, que dirige Salvador Barberá- se hallan, sobre todo, en la "falta de coordinación" de los organismos de investigación y transferencia tecnológica; y en la "excesiva burocracia" para acceder a las ayudas. Una situación que "dificultaba la gestión" y obliga a "clarificar criterios" e "incorporar previsiones garantías y controles", según la orden del ministerio que establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Plan Nacional de I+D+i para proyectos en parques científicos y tecnológicos. Éstos son los principales aspectos que regula:

- Definición de parque científico. El primer cambio -diseñado en colaboración con la Asociación de Parques Tecnológicos y Científicos de España (APTCE) y las comunidades autónomas- es una "nueva definición de parque científico y tecnológico", por la que se crea la figura del "promotor del parque". Un concepto jurídico que amplía la cobertura de las ayudas "a todas las entidades instaladas en los parques -empresas, entidades de derecho público o sin ánimo de lucro-", pero "excluye a entidades públicas o mercantiles públicas".

- Perfil de beneficiarios y ayudas. Esta redefinición de parque reorienta y amplía la base de las ayudas -que, por primera vez se darán no sólo en forma de créditos, sino también en forma de subvenciones a fondo perdido- hacia: empresas, investigadores en grupo o de manera individual, científicos que necesiten fondos para asistir a congresos o ampliar su formación; laboratorios o departamentos que requieran equipamiento científico; y universidades, institutos o entidades de investigación para que soliciten ampliar o consolidar sus parques científicos. En definitiva, cualquier proyecto que pretenda investigar, patentar y transferir el prototipo a la industria. Se hace hincapié en la extensión de las ayudas para ampliar la red de banda ancha.

- Empresas en suelo científico. Ofrece ventajas competitivas a las pequeñas y medianas empresas (pymes) -con una facturación de menos de 50 millones- para convencerlas de que es más rentable instalarse en suelo tecnológico o en el entorno de un parque científico, y contratar personal investigador. Su objetivo es "articular la cooperación entre universidades y empresas". Por ello, por primera vez se financiará la contratación de personal investigador (en referencia a programas nacionales, como el Torres Quevedo) a través de la creación o ampliación de parques o de la creación de empresas de base tecnológica.

- Evaluación y controles. Introduce controles para evitar que organismos o entes públicos de promoción industrial (dependientes de los Gobiernos) se cuelen de rondón y se autofinancien a través del Plan Nacional de I+D, como ha ocurrido. Para ello se crea un "órgano instructor" que evaluará la viabilidad del proyecto con "comisiones de selección".

- Adaptarse al marco de la UE. La nueva orden -cuya evaluación y gestión financiera recaerá en la dirección general de Política Tecnológica que encabeza Carlos Alejaldre- busca "adaptar todos los conceptos y beneficiarios al nuevo marco comunitario" y al próximo Programa Marco, que se ha diseñado de forma que "las ayudas lleguen directamente a cada estructura individual o regional de investigación", según Barberá, porque, "a diferencia de los fondos estructurales, este dinero ya no pasará por Madrid o Bruselas, irá directamente a proyecto contratado".