La ley del matrimonio homosexual supera las enmiendas del PP y UDC
Los dos partidos se quedan solos en el Congreso y pierden por 178 votos contra 135
El Congreso sigue adelante con el proyecto de ley para equiparar por completo a las parejas heterosexuales y a las homosexuales mediante el matrimonio civil. Las enmiendas del Partido Popular y Unió Democràtica de Catalunya al texto presentado por el Gobierno chocaron ayer con el voto del resto de los grupos y fueron derrotadas por 178 votos contra 135. Ambos partidos se mostraron a favor de regular las uniones estables gays, pero rechazan la idea de que estas parejas adquieran la misma condición y derechos que otorga el matrimonio, entre ellos la adopción conjunta.
Todos los grupos parlamentarios rechazaron las enmiendas a la totalidad que presentaron el PP y Unió Democràtica de Catalunya (UDC), incluidos los socios de estos últimos, Convergencia Democrática de Catalunya. Pero, tanto los convergentes como los nacionalistas vascos tendrán, finalmente, libertad de voto sobre el proyecto de matrimonios gays. De hecho, el grupo vasco presentará alternativas al proyecto para que sus diputados puedan votarlas puesto que parte de ellos sostienen que las parejas homosexuales deben acceder a la equiparación jurídica sin necesidad de llamrase matrimonio.
El diputado convergente Carles Campuzano defendió su rechazo a las enmiendas presentadas ayer porque entiende que "no se puede impedir a los homosexuales que se beneficien de la protección" que brinda en España una institución como el matrimonio. Y creen que a los hijos de éstos "no se les puede negar la familia como espacio de socialización". Rechazar para ellos el matrimonio "privaría a sus hijos de los beneficios de una estructura civil estable", argumentó Campuzano.
Respondía así al argumento de su socio político, Josep Antoni Duran i Lleida, líder de UDC, quien se mostró en contra de las adopciones por homosexuales argumentando que no se trata de "dar un niño a una familia, sino una familia a un niño". Pero se manifestó a favor de que las personas solteras sigan adoptando, algo que también hacen en la actualidad los homosexuales, por quienes manifestó su respeto. Este proyecto, dijo "es un error que pagará la sociedad". "Estamos en la velocidad e iremos al accidente", añadió. Y, como garantía de no discriminación, pidió que "se trate de manera diversa lo que es diferente".
"¿Diferente de quién?", le contestó más tarde desde el grupo de IV (IU-ICV) la diputada Carme García Suárez. "Los gays y lesbianas son como usted y como yo, como aquel juez o abogado, como aquella peluquera...". "Y se casan por amor", recordó varias veces.
Coste económico
Aparte de las consideraciones afectivas, la representante del PP, Ana Torme, se refirió al coste económico del proyecto "que el Gobierno no ha valorado". "¿Qué pretenden con esta reforma, que haya un derecho a la pensión de viudedad? ¿Es que esto no tiene ningún coste económico? ¿Es que la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas no se les va a aplicar con las desgravaciones consiguientes? Hay costes económicos. Quien hace una propuesta seria y rigurosa analiza también el importe económico que eso conlleva", dijo. Torme defendió la enmienda de su grupo porque el proyecto del Gobierno "supondrá una quiebra para el matrimonio" y por las "serias dudas sobre la constitucionalidad" de dicho proyecto. Se apoyó en el informe emitido por el Consejo de Estado que advertía de que admitiendo a los homosexuales en la institución del matrimonio esta se haría "irreconocible". Tampoco creen los populares que la sociedad esté de acuerdo con el matrimonio gay. Sobre la adopción, el PP opina que los niños tienen derecho a tener "un padre y una madre". Por tanto aseguran que el Gobierno ha dado "un salto al vacío" con una propuesta que "no es pacífica y que "no tiene consenso". Ofrecieron su apoyo político para sacar adelante una ley que contemple la figura de la Unión Civil Estable.
Ya es tarde para esto, contestaron los socialistas. En la memoria del diputado Julio Villarrubia estaban las "31 iniciativas para regular las parejas de hecho que rechazó el PP cuando tenía mayoría absoluta". Sobre la pertinencia jurídica del proyecto respondió que el Consejo de Estado no está de acuerdo "con la finalidad y las formas pero dice que el texto es constitucional". Recordó que los gays ya adoptan hijos, como solteros. "Dejemos las hipocresías", añadió.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, insistió también en que el proyecto "entronca con los valores de la Constitución" y en "su cumplimiento se hace". Añadió que es una operación "técnicamente sencilla" que no supone "un desdoro para el matrimonio canónico". "No va contra nada ni contra nadie", dijo. Simplemente "busca la protección de los derechos del menor" y "el derecho a perseguir la felicidad".
Para sus socios de gobierno, ERC, cuya posición defendió Agustí Cerdà, este proyecto ahonda en la "libertad, la igualdad y la fraternidad". "Una música muy republicana que aquí y ahora suena a marcha nupcial".
Tres países en vanguardia
Cuando se modifique el Código Civil para que los homosexuales puedan contraer matrimonio, España entrará en un club que hasta hoy sólo tiene dos socios, Bélgica y Holanda (éste último ha anunciado que permitirá la adopción). Estos matrimonios también existen en algunas provincias de Canadá y en un Estado de Massachusetts (EE UU). Los grupos progresistas se sienten orgullosos de ingresar en este club mientras que los conservadores en el Parlamento creen que España se precipita con su decisión.
"El sacrosanto matrimonio canónico", clamaron los progresistas. "Se casan por amor, ¿qué les parece, señorías, dónde está el problema?", preguntó Carme García Suárez, de IV (IU-ICV). Y remachó: "Hablar del coste económico es no tener en cuenta la dignidad de las personas. ¿Qué precio le ponemos a la dignidad?".
Tanto el representante de Coalición Canaria, Luis Mardones, como los nacionalistas gallegos, por boca de Francisco Rodríguez, defendieron la necesidad de hacer normal en el ámbito político lo que ya "está normalizando la sociedad".
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se refirió a polémicas de meses atrás y garantizó que "la poligamia no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español". En los últimos meses la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial también levantó la polémica al afirmar, en un primer momento, que las bodas gays abrían el camino a las uniones entre hombres y animales. "No rebajaré la altura de este Parlamento dedicando un segundo a esto", respondió el ministro.
El debate de ayer lo escuchaba desde la tribuna Beatriz Gimeno, presidenta de la Federación de Lesbianas, Gays y Transexuales, quien manifestó después: "Es la primera vez que ganamos una votación en el Parlamento y tiene mucha importancia práctica y simbólica. Ya tenemos la igualdad al alcance de la mano. Ese camino está ya expedito", afirmó.
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