Un informe israelí revela la financiación ilegal de los colonos

El Informe Sasón -que resume nueve meses de investigación de la abogada israelí Talia Sasón por encargo del primer ministro, Ariel Sharon- contiene datos contundentes: en los últimos años se han creado en Cisjordania 105 enclaves, de los cuales 15 se asientan en terrenos privados palestinos. Antes de que Sharon llegara al poder hace cuatro años, se contabilizaban 71 enclaves. Con el líder del Likud como primer ministro, se han levantado otros 24.

Sasón denuncia un hecho que ha desnudado el sistema judicial y político de Israel: las autoridades, de derecha y de izquierda, cierran los ojos ante el problema e incluso promueven la construcción de más enclaves. Es más, dinero procedente del Estado ha ayudado a financiar estas "acciones ilegales", como las califica el informe.

"Ordenan desmantelar al tiempo que siguen construyendo", podría ser uno de los titulares del trabajo de la abogada Sasón. En él no figuran nombres de líderes o ministros, pero dada la etapa analizada no es difícil señalar culpables: los Gobiernos dirigidos por Benjamín Netanyahu (Likud), Ehud Barak (Laborista) y Sharon.

¿Qué es un enclave? No es un asentamiento (también definido como ilegal por los palestinos y por la comunidad internacional), sino un pequeño reducto que a veces puede estar formado por una o dos caravanas de colonos. Suelen ser casas prefabricadas e instalaciones, tales como un generador de electricidad. Su objetivo es ampliar la obra colonial y garantizar una continuidad territorial israelí en la Cisjordania ocupada. "Su desmantelamiento es el desmantelamiento de la bíblica Gran Tierra de Israel, es la destrucción de unos ideales", se lamentan los líderes de los colonos, que defienden la expansión.

En un apartado, el informe denuncia un caso concreto: 400 caravanas financiadas por el Ministerio de Vivienda acabaron en enclaves ilegales. Sasón investigó este caso y cómo la ilegalidad es patrocinada por la autoridad. Tras recorrer durante meses oficinas gubernamentales e interrogar a cientos de funcionarios, Sasón encuentra una palabra para definir lo visto, oído y ocultado: balagán, que en hebreo significa caos.

Talia Sasón descubrió, entre otras cosas, doble contabilidad en los archivos del Ministerio de Vivienda dedicados a las colonias: "En la Administración civil hay listas dobles. Cada enclave tiene en los documentos oficiales hasta cinco nombres". Con este descontrol, los responsables no se sienten aludidos y niegan su implicación.

Sionismo

La derecha y el poderoso Consejo de Colonos -que representa a casi 200.000 israelíes que viven en la franja de Gaza y Cisjordania- consideran que Sasón "hace todo lo posible para destruir nuestros ideales". Pero la abogada, una de las de mayor prestigio en Israel, no se arruga: "Pueden calificar lo que hacen como sionismo. Yo también soy sionista, pero los enclaves ilegales no son actos sionistas. No se pueden justificar asentamientos en propiedades ajenas. Va en contra de la ley, contra los derechos humanos y contra la justicia que debe impartir un Estado democrático. Según mi punto de vista, no hay ningún objetivo ideológico que pueda justificar dichas acciones. Estamos hablando de un asunto moral y jurídico".

Para Sasón, la actitud de complicidad de las autoridades supone una amenaza al sistema democrático israelí. Para ella, los culpables no son de un solo partido o ministerio. "No hay diferencias entre los Gobiernos. Todos fueron cómplices".