Las eléctricas deberán costear la gestión de los residuos radiactivos a partir del próximo 1 de abril

El Consejo de Ministros aprobó ayer que las compañías eléctricas costeen la gestión de los residuos radiactivos, del combustible gastado y del desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares a partir del próximo 1 de abril de 2005. El Ejecutivo argumenta que "la traslación de estos costes a las empresas supone un incentivo para una mayor eficiencia en su gestión".

Ésta es una de las medidas incluida en el Real Decreto Ley de Reformas Urgentes para el Impulso de la Productividad, aprobado ayer por el Gobierno. Este Real Decreto Ley de Reformas Urgentes de la Productividad establece reformas en cuatro mercados: en el financiero, con la transposición de las directivas de folletos y sobre acuerdos de garantía financiera; en el energético, con cambios en el sector eléctrico y de hidrocarburos; en el mercado de emisiones de gases de efecto invernadero, y en la Administración pública.

En el plano eléctrico, se recoge la prohibición de importar energía fuera del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel) a las empresas consideradas operadores dominantes en el sector eléctrico.

El decreto supone la creación de la figura del operador "dominante" para cada uno de los mercados del sector energético (electricidad, gas, carburantes y gases licuados del petróleo), que incluye a los grupos con una cuota de mercado superior al 10%, para los que podrá establecerse una regulación específica.

En relación a las medidas, el presidente de la CEOE, José María Cuevas, afirmo ayer en Peñíscola (Castellón) que, pese a las debilidades que presenta España para mejorar su competitividad, el Gobierno está más atento a asuntos como la reforma constitucional, la política exterior y las medidas sociales. Cuevas criticó especialmente la debilidad en el gasto en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), que en España se sitúa en el 1%, frente al 3% de EE UU y Japón.

Además, el Gobierno desestimó la petición de 121 instalaciones industriales que solicitaban derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2005-2007.