La Administración catalana expedienta a todas las compañías de telefonía e Internet

Promesas incumplidas. Telefonía e Internet acaparan las quejas del consumidor. La Agencia Catalana de Consumo (ACC) recibió 8.700 denuncias en 2004 por irregularidades al contratar estos servicios. Ante el "alud", la ACC decidió ayer abrir expediente a "todas" las compañías "para dar respuesta a la sensación de inseguridad y desprotección ante las prácticas abusivas de algunas empresas", según su director, Enric Aloy. El 24% de las quejas corresponden a las conexiones a Internet, sean a través de la línea telefónica convencional, sean de ADSL (banda ancha). El restante 76%, a la telefonía fija y móvil.

Los motivos se centran en el cobro de facturas sin disponer de servicio, los retrasos en las altas y los nulos o deficientes servicios de atención al cliente a través de los llamados call centers. Otra de las grandes quejas de los consumidores está relacionada con las irregularidades en la tramitación de la baja de los servicios de telefonía e Internet: como el medio para solicitar el cese de la prestación de servicios es el teléfono o la propia Red, no queda constancia de la petición. Así, las empresas niegan haber recibido la solicitud de baja, siguen presentando recibos durante meses y hasta colocan al usuario en listas de morosos si éste no los paga.

Para determinar la cuantía de la sanción, que puede llegar hasta 600.000 euros por expediente, "se tendrá en cuenta la calidad del servicio, la reiteración de las malas prácticas y el número de afectados por la misma compañía", explicó el director general de la ACC.

Aloy también señaló la voluntad de conseguir la adhesión al sistema arbitral de consumo de todas las compañías para que "muestren su voluntad de resolver conflictos". Este sistema sólo cuenta con la adhesión de la telefonía: Auna (fija, móvil y cable), Telefónica Móviles y Vodafone.