El Gobierno remite al Consejo de Estado el anteproyecto de ley contra el tabaco
El Consejo de Ministros acordó ayer dar luz verde a la tramitación del plan contra el tabaco del Ministerio de Sanidad y decidió remitirlo al Consejo de Estado y al Consejo Económico y Social para su evaluación preceptiva. El texto (véase EL PAÍS del 13 de noviembre y del 12 de diciembre de 2004) establece limitaciones a la venta y suministro de los productos derivados del tabaco, a su consumo y a la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. También tipifica las infracciones a esta normativa y las sanciones correspondientes.
La nueva ley sustituirá, cuando la apruebe el Parlamento, a la normativa actualmente en vigor en nuestro país, que es una de las más permisivas de la Unión Europea, según una nota del Ministerio de Sanidad.
El texto, que el Gobierno espera que entre en vigor en enero de 2006, establece la prohibición de fumar en los lugares de trabajo cerrados y en la mayoría de los de ocio, salvo bares y restaurantes de menos de cien metros cuadrados. Tampoco se podrá consumir tabaco en centros deportivos cerrados ni en medios de transporte públicos.
La norma prohíbe la venta o compra de labores de tabaco por menores. Para intentar que los más jóvenes se inicien en el consumo, se impedirá la venta de pitillos sueltos y se controlará el acceso a las máquinas dispensadoras. El texto establece limitaciones a la venta y suministro de los productos derivados del tabaco, a su consumo y a la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. También tipifica las infracciones y las sanciones correspondientes. Entre éstas están las multas a los fumadores que incumplan estas normas, pero el Ministerio de Sanidad no ha querido precisar cuáles serán.
El proyecto fue presentado al Consejo Interterritorial el pasado 15 de diciembre en Santiago de Compostela. Pero ello no ha evitado que el Consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, haya criticado la falta de debate, y haya pedido a la ministra de Sanidad, Elena Salgado, que lo vuelva a llevar al Consejo antes de remitirlo al Parlamento.
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