Mejora lenta en Sri Lanka

Al cumplirse el primer mes desde que un masivo maremoto devastara 1.200 kilómetros de su costa, la situación en Sri Lanka "ha mejorado y ha superado con éxito la primera fase de rescate y asistencia inmediata", según opinan los expertos en ayuda humanitaria y técnicos de organizaciones internacionales. No obstante, resaltan, "todavía no se ha encontrado una solución para la gente".

En Colombo, la prensa celebra el éxito de la misión del viceministro noruego de Asuntos Exteriores, Vidar Helgessen, para lograr un acercamiento entre el Gobierno de la presidenta, Chandrika Kumaratunga, y la guerrilla de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil "en cuestiones de cooperación para la distribución de la ayuda humanitaria". Fuera de la capital y a lo largo de la costa, miles de personas siguen hacinadas en campos de desplazados.

De acuerdo con las cifras del Centro Nacional de Operaciones (CNO) a fecha de ayer, 403.245 personas permanecían acogidas en centros para desplazados, donde "tienen cubiertas las necesidades mínimas y poco más", señaló Teresa Sancristóval, coordinadora del equipo de Médicos Sin Fronteras que opera en Ampara, en la costa oeste.

Para Teresa, al igual que para la mayor parte de los expertos en asistencia y ayuda humanitaria consultados, recomponer las cerca de 120.000 casas que quedaron total o parcialmente destruidas es el primer paso imprescindible para iniciar la reconstrucción. "Sin casas es muy difícil lograr la rehabilitación", explica la coordinadora de Médicos Sin Fronteras, quien añade: "Mientras sigan viviendo en campos de refugiados, continúa el riesgo de epidemias y se alarga una situación que repercute en el estado psíquico de los individuos, ya muy afectados por el desastre".

Más que dificultades económicas o logísticas, dada la avalancha de donaciones millonarias y de organizaciones que han llegado a la isla, lo que obstaculiza lograr este primer paso es la decisión del Gobierno de Colombo de aplicar severamente la ley de costas, que prohíbe habilitar cualquier edificio a 100 metros de playa en el programa de reconstrucción.

Aunque la presidenta, Chandrika Kumaratunga, justifica esta decisión en el propósito de impedir que se repita una catástrofe de la misma dimensión que la ocurrida el pasado mes, el plan ha provocado una nueva oleada de protestas entre los afectados -en su mayoría, comunidades pesqueras-, el sector turístico e incluso algunos ministros. Haciéndose eco de estas quejas, el Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas ha solicitado formalmente esta semana al Ejecutivo de Kumaratunga que reconsidere este plan alegando que la implantación de la ley de costas "hinchará aún más la lista de desplazados", según palabras de Robyn Groves, su representante en Colombo.

Y mientras el futuro de los supervivientes queda pendiente de nuevas reuniones del Gabinete, el balance definitivo de las víctimas mortales registradas en Sri Lanka también está en el aire, ya que las instituciones relevantes no se ponen de acuerdo. El Ministerio de Seguridad Pública, que coteja los números presentados por la policía, afirma que el tsunami causó 38.000 muertos en la isla. Por su parte, el Centro Nacional de Operaciones rebaja la cifra a 30.956.