El Gobierno creará un sistema público de asistencia a personas dependientes

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció ayer la creación de un Sistema Nacional de Atención a la Dependencia mediante el cual se articularán ayudas económicas y prestaciones sociosanitarias a aquellas personas discapacitadas que necesiten ayuda diaria para las actividades básicas (1.125.190 personas en la actualidad). Todas ellas, según Caldera, tendrán derecho y acceso por igual a las prestaciones, pero pagarán parte de estos servicios en función de su renta. El gasto social, explicó el ministro, debe duplicarse en ocho años y alcanzar 8.500 millones anuales. El ministro no especificó cómo se financiará el nuevo sistema pero asumió dos compromisos: "No se elevarán los impuestos ni los costes laborales".

Con el nuevo Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, el Gobierno pretende configurar el llamado cuarto pilar del bienestar social, tras el educativo, el sanitario y el sistema de pensiones. En España hay 1.125.000 personas con alguna discapacidad que requieren ayuda diaria para desempeñar las actividades básicas. Todos ellos tendrán derecho al total de las prestaciones con independencia de su nivel de renta, si bien financiarán parte del coste en función de sus ingresos. Alrededor de 400.000 personas que presentan alguna dependencia podrán optar a ayudas puntuales como teleasistencia o ayuda a domicilio.

Además de la aportación de los usuarios, el resto de la financiación sería compartido entre las Administraciones. En la actualidad el gasto en prestaciones sociales es de 4.000 euros anuales, de los cuales 2.500 millones corren a cargo de las comunidades autónomas y ayuntamientos y el resto, por la Administración central a través de la Seguridad Social y el Imserso. Se espera que el nuevo sistema eche a andar con normalidad de aquí a ocho años y, para entonces, el gasto tendrá que duplicarse. Trabajo calcula que en 2012 deberían gastarse 8.500 millones anuales en prestaciones sociales.

¿Cómo se van a financiar los 4.500 millones adicionales? El mayor esfuerzo lo hará el Gobierno", afirmó ayer la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce. Y se contará con ayuda de las demás administraciones. Pero "no se subirán los impuestos ni se elevarán los costes salariales". Ese fue el compromiso expresado ayer por el ministro de Asuntos Sociales, Jesús Caldera. Caldera apuntó que se puede "redistribuir el gasto público sin necesidad de subir los impuestos". "No significa que no se pueda abordar con los recursos que ahora tenemos y la cofinanciación de las administraciones y la coparticipación de las familias", añadió.

Se adopta así un modelo similar al de los países nórdicos, universal, público y con la participación de los beneficiarios, pero se rechaza la carga impositiva. Y tampoco se cuenta con la cotización de las empresas, como se hace en países como Alemania.

Debate político

La fórmula definitiva para financiar este sistema se definirá tras el debate político que ahora comienza, en el que se negociará con la oposición, los sindicatos y las comunidades. El ministro entregó ayer en el Parlamento el Libro Blanco elaborado para servir de base a la nueva Ley de Atención a las Personas Dependientes mediante la cual se pretende crear el nuevo sistema nacional. El libro se ha elaborado en seis meses y ha contado con la participación de asociaciones expertas en discapacidad. En él se recogen las necesidades y los modelos que siguen los países europeos.

En ese documento se considera persona dependiente a aquella que no puede realizar sin ayuda alguna actividades básicas de la vida diaria relacionadas con el cuidado personal, la movilidad del hogar o las funciones mentales básicas. En la actualidad hay 1.125.190 personas que no son capaces de valerse por sí mismas.

El nuevo sistema pretende ser universal, público, garantizar la igualdad en el acceso y contar con una valoración y reconocimiento de la discapacidad únicos para todo el país. Una vez establecidos los baremos, unos equipos de profesionales se encargarán de valorar el grado de dependencia que presenten los ciudadanos. El Gobierno pretende atender preferentemente la prestación de servicios en lugar de la concesión de ayudas económicas. Y se dará entrada a la participación privada mediantes conciertos con las residencias y centros privados donde se atiende a ancianos y otras personas con alguna discapacidad.

La nueva ley tendrá carácter básico sin perjuicio de que las comunidades complementen estos servicios y la gestión del sistema será compartida entre las distintas administraciones. Se espera de las comunidades y ayuntamientos que contribuyan "prestando suelo para la construcción de centros de día y residencias", explicó Amparo Valcarce.

El ministro ya advirtió ayer que "universalizar no significa gratuidad", es decir, el sistema atenderá a todos por igual, con independencia de sus ingresos, pero la participación de los usuarios en el coste de estas prestaciones será proporcional a su renta. Hasta ahora el modelo era asistencial, característico de los países mediterráneos, en los que se atiende sólo a los que no alcanzan un umbral económico.

El envejecimiento de la población y la incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa han desbordado estos sistemas, propios de los países mediterráneos que penalizan a las familias de rentas medias, que no pueden pagarse una residencia ni acceder, po

r su renta, a los servicios públicos. Aún así, el sistema se mantiene todavía gracias a los cuidados de las familias.

"Esperamos lograr un gran acuerdo para alcanzar la financiación porque no queremos ofrecer una prestación asistencial, sino universal", recordó Amparo Valcarce.