Sanidad retrasa el pago de la deuda mientras Educación la aplaza para futuros gobiernos

El informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente al ejercicio de 2003 revela que para conseguir un cierto equilibrio presupuestario la Generalitat, entre otras medidas, ha optado por retrasar los pagos derivados de la prestación de los servicios sanitarios y por diferir a futuros gobiernos el pago de la renovación de las infraestructuras educativas que desarrolla la empresa pública Ciegsa. Pese a la mesura con la que acostumbra a redactar sus informes el órgano fiscalizador de las cuentas de la Generalitat, en esta ocasión la Sindicatura ha detectado un "incumplimiento significativo del principio de la legalidad aplicable a la gestión de los fondos públicos" en la Consejería de Sanidad.

La Sindicatura de Comptes considera que la Consejería de Sanidad incumplió de manera significativa la legalidad al no reconocer obligaciones de gasto por, "al menos, 1.121 millones de euros". Para los auditores, la decisión de escamotear este gasto en las cuentas correspondientes a 2003, a la vez que se contabilizaban 300 millones de gasto correspondientes a años anteriores, indica "que los datos de ejecución presupuestaria de los capítulos de gastos de funcionamiento y de transferencias corrientes que se muestran (...) no representan la actividad real llevada a cabo" por la prestación de la asistencia sanitaria de la Consejería de Sanidad.

Los auditores también subrayan que gran parte de los servicios sanitarios concertados con empresas y entes privados "no se renovaron durante 2003 ni se tramitaron los correspondientes expedientes de contratación, de manera que estos servicios han sido prestados por los mismos proveedores y tramitados como no concertados". La mayor parte de estos gastos tampoco se realizaron para la realización de servicios considerados en los supuestos de excepcionalidad y con limitación de tiempo. El gasto reconocido, según la Sindicatura, en asistencia sanitaria no concertada no fue de 8,6 millones de euros en 2003 como afirma la Consejería de Sanidad, sino de 24,8 millones, lo que supone un incremento del 330% respecto al ejercicio de 2002. El informe referido a los programas de asistencia sanitaria también cuestiona, entre otras cosas, el sistema de revisión de las tarifas con las que se paga la gestión privada de los servicios sanitarios que prestan las áreas de salud de Alzira y Torrevieja.

Respecto a Ciegsa, la empresa pública encargada de las infraestructuras educativas, la auditoría es clara. "No genera recursos suficientes para el cumplimiento de su objeto social, por lo que las pérdidas del ejercicio son compensadas mediante aportaciones" de la Generalitat, por lo que debería computarse como endeudamiento propio de la Administración valenciana.

El informe revela también que buena parte de la construcción de centros se hace con cargo a préstamos de largo plazo. Mientras, sólo en barracones escolares se gastaron 5,7 millones de euros. La auditoría desvela que en 2003 existía un crédito con un límite de 80 millones de euros con un vencimiento datado el 15 de diciembre de 2015 avalado por la Generalitat, del que ya se habían utilizado 15 millones de euros. El informe llama la atención sobre el hecho de que el presidente del consejo de administración de Ciegsa puede disponer de forma solidaria con el gerente o el vicepresidente de "importe ilimitado en las cuentas bancarias" que a 31 de diciembre de 2003 eran siete con un saldo de 24,8 millones de euros. En el apartado de personal, se señala que al técnico despedido en Ciegsa se le pagaron 14.263 euros de indemnización adicionales que supuestamente no le hubiesen correspondido.