La Generalitat suspende la tramitación de licencias a grandes superficies durante un año

El Gobierno catalán acordó ayer suspender la tramitación de licencias comerciales durante un año para evitar que estas concesiones interfieran en la redacción del Plan Territorial Sectorial de Equipamientos Comerciales (PTSEC), que ordenará el crecimiento comercial en Cataluña hasta 2010. La medida afecta a 14 proyectos de grandes superficies. Entre ellos hay un centro de El Corte Inglés en Mataró y otro de Ikea en Sant Cugat del Vallès. También frenará el proyecto que prevé ampliar la Ciudad del Baloncesto y crear otro Corte Inglés en Badalona.

La suspensión, aprobada ayer por el Consell Executiu, sólo afecta a grandes centros comerciales, que están sujetos a la concesión de licencia de apertura por parte de los ayuntamientos y del Gobierno catalán. La ley de Equipamientos Comerciales establece que una gran superficie es la que tiene 800 metros cuadrados en municipios de hasta 10.000 habitantes y 2.500 metros cuadrados en ciudades con más de 240.000 personas.

De cualquier modo, la moratoria interrumpirá 14 proyectos durante un año, prorrogable a seis meses más. Fuentes de Comercio apuntaron a que seis de estos planes corresponden a licencias que aún estaban en trámite al faltar algún informe o por impago de tasas. Ello afectará a centros comerciales de Terrassa (Vallès Occidental), Salt (Gironès), Manresa (Bages), Tarragona y Badalona. Los otros ocho proyectos corresponden a "expedientes que podrían pedir licencias" al existir un plan de ampliación comercial aprobado por el consistorio municipal.

En concreto, de acuerdo con estas fuentes, se paralizarían proyectos como la construcción de un centro de El Corte Inglés en Mataró (Maresme), de 22.000 metros cuadrados, y de una nueva macrotienda de Ikea en Sant Cugat del Vallès.

Estas decisiones también frenarán durante un año el proyecto que prevé la construcción de un centro del Corte Inglés y la ampliación de la Ciudad del Baloncesto en Badalona, que causó polémica entre los pequeños y medianos comerciantes de la ciudad. En este caso, el Gobierno catalán autorizó a que el consistorio badalonés ampliara su superficie comercial en 25.000 metros cuadrados más a través de la redacción de un Programa de Orientación para los Equipamientos Comerciales (POEG). El Ayuntamiento aún no ha finalizado el plan y ahora deberá esperar al menos un año para la implantación de los nuevos equipamientos.

Aun así, Comercio considera que la decisión no supondrá ningún agravio, puesto que "todos los proyectos son de larga ejecución" y, además, las empresas pueden ir efectuando los movimientos de tierras, cuyo permiso no depende del Departamento. En principio, sostuvo una portavoz de la consejería, el nuevo plan de equipamientos, que pondrá orden al crecimiento comercial durante el periodo comprendido entre 2005 y 2010, no iba a obstaculizar la marcha del proyecto, puesto que ya recibió en octubre la primera aprobación del Gobierno catalán.

Revisión de normativa

El consejero de Comercio, Turismo y Consumo, Josep Huguet, aclaró que la suspensión tiene como único objeto la redacción del nuevo PTSEC, en el que se revisará "el conjunto de la normativa en materia de equipamientos comerciales". La medida contribuirá, a juicio de Huguet, a evitar cualquier interferencia por la eventualidad de que las nuevas licencias puedan distorsionar el mapa comercial catalán, que ahora está en estudio. Junto a la revisión del plan, Comercio está elaborando una nueva ley de Equipamientos Comerciales. Uno de los objetivos del Ejecutivo, señaló el departamento, será reconducir el actual modelo comercial hacia uno mucho más integrado en los municipios para reducir las necesidades de movilidad de los ciudadanos.

Desde la entrada en vigor del actual PTSEC, en agosto de 2001, Comercio ha otorgado 11 licencias para nuevas implantaciones de grandes superficies comerciales, tres menos de las que se prevé que puedan iniciarse en los próximos años.

El Gobierno también prorrogó cuatro meses más el decreto por el que los municipios que hayan agotado el límite previsto para autorizar centros comerciales en su territorio no puedan solicitar nuevos planes para aprobar más aperturas. La decisión afecta, entre otros, a Vic, Igualada, Tortosa y Lleida.