El plan farmacéutico del Gobierno

Sea bienvenida la norma de someter cada nuevo producto farmacéutico a un análisis coste / efectividad que permita fijar su precio en proporción a su utilidad terapéutica. No pagar más cara la novedad sólo por ser novedad es una medida sustancial para mejorar la eficiencia y ajustar el consumo de fármacos, siempre en renovación. Es también, junto con la independencia de la información farmacéutica que producirá la Agencia Española del Medicamento, todo el haber (no despreciable, si realmente el Gobierno es capaz de ponerlo en práctica) de este plan estratégico que me parece elaborado más con ideas preconcebidas y afán de impresionar que con experiencia y atención a las necesidades del Sistema Nacional de Salud y a la escasez de sus recursos. Concretamente encuentro que el plan es inoportuno, poco consistente, condesciende con la industria farmacéutica, mantiene los privilegios de las farmacias, desestima a los médicos y sobre todo incrementa el gasto.

1. Es inoportuno. El plan conforma una política farmacéutica que aspira a ser total y se desparrama en numerosos y dispares objetivos simultáneos. De ellos, sin duda, muchos necesarios, pero ahora no es todavía el momento de lo necesario, sino de lo indispensable y apremiante, o sea, contener el desmedido gasto farmacéutico que mina a fondo la estabilidad y el progreso de la sanidad pública. Una acción de salvamento previa a cualquier proyecto y que requiere esfuerzos directos y concentrados. Las medidas moderadoras que incluye el plan son insuficientes: rebajas de precios, que no pueden modificar el crecimiento del volumen del consumo y se quedan en artificiosos respiros temporales, y el filtro de los estudios farmacoeconómicos, básico pero aislado.

2. Es poco consistente. Un plan expresa no sólo la voluntad, sino también la capacidad de hacer unas cosas determinadas. Este plan, sin embargo, es en buena parte un plan de simples propuestas, no de disposiciones. Dependiente en aspectos importantes (formación, información, prescripción, venta) de las comunidades autónomas, está parcialmente embargado, escrito en el aire. Es un plan estratégico sin facultades para realizar su estrategia, Además, los organismos que canalizarán el funcionamiento del plan (Consejo Interterritorial y su Comisión de Farmacia) tienen una larga historia de desencuentros políticos y de ineficacia. No es un plan sólido.

3. Condesciende con la industria. El plan se cuida de favorecer a los laboratorios: incide poco en una rápida contención del consumo y del gasto, y a) exceptúa de las rebajas a los medicamentos con menos de un año de vida mercantil, que son los más caros y ofrecen más rentabilidad a los fabricantes; b) congela los precios de referencia actuales que, aún no muy exitosos, son útiles y disgustan a la industria, y anuncia otros para unos indefinidos "medicamentos en fase de madurez" que no comprometen a nada, y c) prohíbe y hasta sanciona las exportaciones paralelas detestadas por las empresas multinacionales, que son una forma de comercio lícito, defendido por la Unión Europea, y beneficioso para algunas compañías distribuidoras españolas y un pequeño alivio para las finanzas de los servicios de salud de muchas naciones del continente (el Gobierno español impide así la libre circulación de mercancías en Europa). La anterior ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, afirma que existe un pacto tácito entre el Gobierno y la industria. Es visible un trato de favor poco explicable.

4. Mantiene los privilegios económicos y gremiales de que gozan las oficinas de farmacia y son inadmisibles en un país democrático asentado en la economía de libre mercado y vigilante de la igualdad de derechos de todos sus ciudadanos. Este plan preparado por un Gobierno socialista no propone liberalizar o hacer menos estricta la apertura de nuevas farmacias, ni desatar la propiedad de la farmacia del título de farmacéutico (condición aberrante, como si únicamente aquellos con título de piloto pudieran comprar acciones de las compañías aéreas), ni siquiera recordar y quizá descubrir al público que los precios de los medicamentos no son fijos, sino máximos, y el farmacéutico puede, si quiere, reducirlos con descuentos (un mínimo del 10% concederían al sistema, de permitírseles abrir farmacias, los profesionales agrupados en el movimiento andaluz La Farmacia de Proximidad Libremente Concertada). El plan del Gobierno socialista es contrario a los principios del socialismo: cuida los privilegios de las farmacias a costa del dinero de la Sanidad pública. Esto sí que es un pesado copago.

5. Desestima al médico. El plan reconoce, faltaría más, que el médico decide "la prescripción del medicamento", pero a partir de ahí, en el proceso del tratamiento farmacológico, coloca al farmacéutico al lado y nivel asistencial del médico, como si la toma del fármaco autorizase que un lego en medicina se acerque al paciente. Es decir, promueve el intrusismo, y del tal modo que crea un nuevo modelo de receta con "información clínica útil para el mejor seguimiento de los tratamientos" por el farmacéutico, obviamente, porque el médico ya dispone de toda información en la historia clínica, documento íntimo y reservado por excelencia que ahora el plan pretende verter en parte en la receta. Desconsidera así las protestas reiteradas de la organización médica colegial que desde hace tiempo se opone a estos intentos de intromisión.

6. Incrementa el gasto. El plan alarma sobre los llamados problemas relacionados con los medicamentos (reacciones, interacciones, incumplimientos) con datos recogidos no se sabe dónde (asegura que de los "pacientes atendidos por los servicios sanitarios", el 33% lo son por tal causa, qué barbaridad) y frases exageradas ("este importante problema de salud pública") en el afán de abrir la puerta a la atención farmacéutica, teoría ridícula, ya vieja y todavía virgen en todo el mundo, afortunadamente. Su aplicación, que el plan impulsa, provocaría trastornos asistenciales y acentuaría el agobio económico del Sistema. Éste puede avistarse con un cálculo sencillo: en 2003, el Sistema produjo unos 710 millones de recetas a despachar en las farmacias que, de estar en práctica la atención farmacéutica, hubieran originado igual cantidad de "seguimientos terapéuticos" por los farmacéuticos. Naturalmente, no hay trabajo gratuito. ¿Cinco o seis euros por seguimiento? No parece mucho, y sin embargo incrementaría en 3.500 o 4.300 millones de euros el ya desmedido gasto de la prestación farmacéutica (simplifico, sin duda, pero estos números pueden ser orientativos).

En fin, el plan tiene algunos aciertos que se pierden en muchos errores, incluidos el lema y las innumerables apelaciones al "uso racional del medicamento", esa fábula interesada.

El autor sostiene que el proyecto

que ha presentado el Ejecutivo es inoportuno

e incrementa la factura en medicamentos.

Enrique Costas Lombardía es economista.