La política fiscal y los desequilibrios de la economía española

Los desequilibrios más preocupantes de la economía española son la elevada deuda de las familias contraída a tipos de interés muy bajos e indiciados de una forma u otra al tipo de intervención del Banco Central Europeo (BCE) y la pérdida acumulada de competitividad exterior resultante de registrar ritmos de inflación anuales sistemáticamente superiores a los de nuestros socios comerciales desde 1998. Es evidente que si estos desequilibrios siguen ensanchándose ininterrumpidamente, antes o después terminarán poniendo en peligro la expansión de la economía española. Ambos desequilibrios tienen su esencial raíz común en un crecimiento excesivo del gasto interior en términos nominales, impulsado por la para nosotros muy expansiva política monetaria del BCE y por políticas fiscales insuficientemente restrictivas e incluso abiertamente procíclicas en algunos ejercicios a lo largo de estos últimos años. Por lo tanto, la política presupuestaria debe juzgarse sobre todo por su incidencia en estos desequilibrios.

Habría sido deseable aprovechar el margen de maniobra que ofrecen los presupuestos

En cuanto al primero de los desequilibrios citados, no les faltará razón a quienes piensen que a estas alturas lo único que cabe hacer es encomendarse a la Providencia para que la coyuntura europea evolucione de manera que el BCE retrase todo lo posible la subida de tipos de interés y que cuando llegue ese momento dicha subida sea leve. Afortunadamente para nosotros, todo indica que la apreciación del euro y la reciente debilitación de las principales economías europeas llevará a posponer el endurecimiento de la política monetaria quizá incluso hasta las postrimerías del primer semestre del próximo año. Dado este contexto monetario, a mi juicio cabe realizar una crítica constructiva a los presupuestos para el 2005 señalando algunos pecados de comisión y omisión. Vaya por delante que si el Gobierno cierra el año próximo cumpliendo sus previsiones de ingresos y gastos públicos, en lo que concierne a su impacto sobre el endeudamiento de las familias y el diferencial de inflación, estos presupuestos no serán ni peores ni mejores que los de estos últimos años.

Ante todo, se debe decir que dado el tono actual y previsible de la política monetaria, un crecimiento del gasto público no financiero del 6,5% manteniendo básicamente inalterada la suma de imposición directa e indirecta no es la mejor receta para una economía que cerrará el año en curso con un crecimiento récord del endeudamiento de las familias y con un diferencial de inflación respecto a la media de la eurozona superior a un entero porcentual. Para calibrar el impacto agregado de la política fiscal se ha de tener en cuenta, además, que el crecimiento del gasto público autonómico será casi el doble que el del Estado central. Como viene ocurriendo desde hace algún tiempo, aún en el supuesto de que se cumplieran las previsiones presupuestarias -y personalmente estoy convencido que la cifra de crecimiento económico del año próximo será superior a la de este año- esta combinación de política monetaria y política fiscal equilibrará las cuentas públicas a costa de una elevada inflación y la consiguiente pérdida adicional de competitividad exterior.

Ciertamente la política fiscal no se controla únicamente mediante los presupuestos; es necesario además el concurso de reformas en diversos ámbitos que puedan reorientar el crecimiento del gasto público en pensiones, sanidad, desempleo, etcétera. Pero habida cuenta de que estas reformas aún no se han adoptado, habría sido deseable aprovechar todo lo posible el margen de maniobra que ofrecen los presupuestos para enviar a los agentes privados las señales adecuadas y reducir el carácter procíclico de la política fiscal. Contra esta opinión se puede aducir que no existe margen presupuestario sin hacer reformas, que el crecimiento del gasto público presupuestado es el mínimo posible consistente con los compromisos inviolables adquiridos previamente. Sin embargo, algunos aumentos de gasto eran claramente evitables, por ejemplo, los destinados a la remuneración de funcionarios, pensiones mínimas, ayuda al desarrollo, gastos de educación, ayudas a la vivienda, I+D e incluso algunos gastos en infraestructuras de dudosa eficacia o financiables por el sector privado. En el caso de algunos de estos gastos habría sido preferible profundizar en las raíces de su escasa productividad antes de aumentarlos, en otros se debería haber discutido su cuantía en relación con otras medidas de eficiencia y ahorro presupuestario. Por ejemplo, el aumento de las becas debería correr parejo con un aumento de las matrículas universitarias, acercándolas al coste de producción correspondiente. El aumento de las pensiones mínimas se debería decidir en el contexto del Pacto de Toledo, asegurando que los incentivos que despliegan no acentúen la insostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema de pensiones. Por otra parte, un aumento del 3,5% de las remuneraciones de los funcionarios no parece la medida más adecuada en un año ya de por sí complicado para las negociaciones salariales debido a la subida del salario mínimo y al tirón inflacionista del aumento de los precios del petróleo.

En cuanto a los pecados de omisión, una medida eficaz para reducir los desequilibrios citados mientras el Gobierno ultima los detalles de su reforma fiscal habría sido limitar la desgravación fiscal a la adquisición de viviendas a las hipotecas a tipo fijo. Habría sido también eficaz e igualmente en línea con el programa del PSOE la reducción de los tipos del impuesto de patrimonio, actuando a través del límite conjunto a la tributación por renta y patrimonio. Además de su carácter confiscatorio y de otras distorsiones que genera, este impuesto induce un sesgo en la composición de las carteras hacia la inversión en viviendas cuyo valor declarable es inferior al de mercado, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los activos financieros cotizados. Aparte del diferente grado de control tributario sobre las transacciones inmobiliarias y las que se registran en los mercados financieros, se ha de tener en cuenta que un impuesto sobre el patrimonio es equivalente a un impuesto notablemente progresivo sobre las ganancias de capital; un impuesto además que se recauda con independencia de que dichas ganancias se realicen o no, lo que supone un incentivo notable para las inversiones en vivienda cuyo valor tributable se revisa con mucha menos frecuencia que el valor de los activos cotizados en los mercados oficiales. Por otra parte, para ir reduciendo el crecimiento de la deuda en relación con el crecimiento de la renta disponible de las familias, una verdadera potenciación del mercado de alquileres a través de medidas similares a la ley Boyer habría sido mucho mejor y más barato que cargar el presupuesto con costosas subvenciones de difícil instrumentación y de dudosa eficacia.

En fin, concluyo con dos deseos, dos oraciones de petición, si se me permite la expresión. El primero, que a diferencia de lo ocurrido en el pasado, los presupuestos no se hagan más expansivos a medida que avanza la legislatura. El segundo, que las reformas venideras consigan evitar que el agravamiento de nuestros desequilibrios termine interrumpiendo el proceso de convergencia hacia la renta per cápita de los países más avanzados de Europa.

José Luis Feito es economista y presidente de la Comisión de Economía de CEOE.