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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Fraude fiscal

El fraude fiscal es un grave problema para las economías avanzadas en tanto que socava la confianza de los contribuyentes en la igualdad de los ciudadanos ante la Hacienda pública y contagia el hábito de la ocultación de la renta. Ésta es la razón más poderosa para que el Gobierno informe a la sociedad de forma inequívoca de que combatirá el dinero negro y el engaño fiscal como una parte decisiva de su política presupuestaria. La Agencia Tributaria acaba de presentar el primer plan de prevención del fraude fiscal de la Administración de Rodríguez Zapatero, con un ojo vigilante puesto en el mercado inmobiliario y otro en los paraísos fiscales.

Después del tono excesivamente bajo de las políticas aplicadas por los Gobiernos del PP para reducir el fraude, los responsables actuales de Hacienda deben esforzarse en transmitir a la sociedad el mensaje de firmeza inequívoca contra los defraudadores. Tal firmeza implica no sólo que el plan resulte creíble, sino que se pondrán en práctica los medios -inspectores y subinspectores, aparato informático, métodos de trabajo- para que resulte un éxito.

A grandes rasgos, el plan centra sus esfuerzos en combatir el fraude y blanqueo de dinero enquistado en el mercado inmobiliario, en el fraude del IVA y en los paraísos fiscales. Los objetivos son correctos. El Observatorio de la Vivienda, por ejemplo, acaba de calcular que los compradores de viviendas las escrituran un 20% por debajo del precio real y abundan los modos y prácticas de eludir los impuestos o de aflorar dinero negro a través de la adquisición de pisos. Tampoco constituye una sorpresa la facilidad para evadir el pago del IVA debido a la desaparición de las fronteras comunitarias. Por lo tanto, medidas tales como incluir en las escrituras de compraventa de una vivienda el medio de pago empleado, el número de referencia catastral del piso o realizar visitas sin comunicación previa a las empresas con mayor riesgo de fraude, entre otras, parecen totalmente lógicas. Sorprende que no se hayan aplicado rigurosamente antes.

Pero la condición esencial del Plan, la que marcará el alcance de su éxito, es la comunicación rápida y detallada de los logros que se vayan consiguiendo mediante su aplicación. Porque su triunfo principal será convencer a los contribuyentes de que el defraudador tiene escasas posibilidades de éxito y pagará caro el fraude. Ésta es precisamente la parte que no depende de la calidad del plan, sino de la voluntad política del Gobierno, de su tenacidad y de su capacidad de comunicación.

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