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La Administración central convocará oposiciones reservadas a discapacitados

El Gobierno reservará el 5% de las plazas de funcionarios para personas con minusvalía

La Administración central podrá convocar oposiciones sólo para discapacitados y reservará un mínimo del 5% de las plazas de funcionario que convoque a personas con discapacidad, según un decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros. La norma también reserva un porcentaje similar para los procesos de promoción interna y contrataciones temporales. El objetivo es que a largo plazo las personas con una minusvalía de más del 33% ocupen el 2% de las plazas públicas. Actualmente, y pese a normas anteriores, esta proporción sólo llega al 0,7% de los 540.000 funcionarios. Cada año se cubren unos 5.000 puestos.

La oferta de plazas para personas con discapacidad podrá hacerse dentro de otras más amplias o mediante convocatorias cerradas. Las pruebas serán las mismas para todos, pero se adaptarán a las necesidades de los opositores que acrediten una minusvalía superior al 33% (un grado que tienen que evaluar un inspector médico). Estos cambios incluyen desde facilitar la accesibilidad al lugar donde se vayan a realizar las pruebas, a facilitar material especial (ordenadores adaptados) o, simplemente, dar más tiempo para quienes tengan problemas para escribir o leer deprisa, por ejemplo.

Además de en las convocatorias generales, cada organismo podrá realizar otras especiales para discapacitados, que le contarán dentro del total de su oferta anual de empleo. También en las promociones habrá que reservar al menos un 5% de las plazas para personas con minusvalía. El decreto del Ministerio de Administraciones Públicas establece que si las personas con discapacidad no alcanzan el 3% de las plazas convocadas, sus puestos no cubiertos se acumularán al cupo del 5% de la oferta siguiente, con un límite máximo del 10%.

La norma va más allá de la selección de personal, y establece la obligación de adaptar los puestos de trabajo a las personas que los vayan a ocupar, y que los discapacitados tengan preferencia a la hora de escoger destino si lo justifican por "razones territoriales, de dependencia o análogas". La separación de los trabajadores discapacitados sólo se hará al realizar la prueba. Para acceder a una plaza tendrán que aprobar la prueba (adaptada) como los demás.

Cada año se convocan en España entre 5.000 y 6.000 plazas de funcionario de la Administración central, sin contar las Fuerzas Armadas y cuerpos y fuerzas de seguridad. Ello quiere decir que al ritmo de unas 250 incorporaciones de trabajadores discapacitados por año, se tardarán más de 25 en llegar al 2% del total de las 540.000 plazas que hay actualmente. Y ello suponiendo que haya un 5% de aprobados, porque como ha recordado el Carlos Rubén Fernández, director general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en 2001 y 2002 sólo aprobaron el 0,2% de los discapacitados.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirmó al inaugurar el del Consejo Nacional de Discapacidad que la integración de este colectivo es "una prioridad política de primer orden" para el Gobierno. El Ministerio de Vivienda unificará las normas de accesibilidad a los edificios en toda España. Vivienda incluirá esta medida en la reforma del Código Técnico de la Edificación.

Miembros del Cermi se reunieron ayer con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y con su responsable de Política Social, Ana Pastor, quien acusó al Ejecutivo de incumplir sus compromisos con el mundo de la discapacidad y aseguró que se han reducido en más de 27 millones de euros los presupuestos para ese colectivo, informa Efe.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de diciembre de 2004