La Zona Franca de Cádiz gastó 6,8 millones en una red informática de comercio que no existe

La Zona Franca de Cádiz firmó a finales de 2000 y principios de 2001 contratos con dos empresas -una de ellas con sede en Miami- para crear una red informática de comercio exterior que impulsara negocios internacionales del recinto fiscal gaditano que "nunca se desarrolló y que hoy aún no existe", según informan técnicos de este organismo. La Red Iberoamericana de Logística y Comercio (Rilco) -sociedad de la Zona Franca- gastó 6,8 millones de euros por los trabajos de este proyecto "de dudosa utilidad y sin claro uso", a juicio de los citados técnicos del organismo fiscal gaditano.

Dos informes técnicos que obran en poder de la Zona Franca denuncian además que las empresas adjudicatarias -Miami Free Zone y Telvent (filial de Abengoa)- incumplieron numerosos preceptos del pliego de condiciones. Sin embargo, estas deficiencias no fueron obstáculo para que el ex delegado de la Zona Franca Manuel Rodríguez de Castro, del PP, les adjudicase estos contratos millonarios.

Este alto cargo -vinculado políticamente a Teófila Martínez que fue quien le trajo a la Zona Franca de Cádiz- se vio obligado a dimitir en febrero de 2001 presionado ante las numerosas denuncias de irregularidades en su gestión que fueron confirmadas el pasado mes de marzo por el Tribunal de Cuentas del Estado. La Fiscalía de este órgano le investiga por varios posibles delitos contables al gastar 600.000 euros que no ha llegado a justificar.

Rodríguez de Castro firmó el 29 de enero de 2000 un contrato de 4.237.135 euros con Miami Free Zone Management Services Corporation. El 16 de febrero, tres días antes de presentar su dimisión, firmó otro contrato por los mismos servicios con la empresa Telvent Iteractiva por un montante de 2.566.825 euros. Los dos contratos suman 6,8 millones de euros y tenían por objeto "crear una red informática de comercio exterior para impulsar negocios y operaciones con otros países". Entre los equipamientos y materiales que debía recibir está un portal informático, un hardware, un software y un sistema de comercio electrónico transnacional.

Sin embargo, la dirección de la Zona Franca ha asegurado a este periódico que Rilco no dispone de ninguna red informática de comercio y que no ha cerrado ninguna operación económica de las mencionadas en el pliego de condiciones. Esta filial de la Zona Franca tan sólo cuenta entre los activos recibidos con un portal de Internet -que apenas tiene valor-, algunos ordenadores, programas y "otras herramientas" informáticas que "en ningún caso" permiten crear una red informática. Estos materiales son, según la Zona Franca, de "complicada cuantificación" aunque "en ninguno de los cálculos" se acercará a los 6,8 millones de euros desembolsados.

Además, dos informes cuestionan la forma que se empleó para contratar estas empresas y los servicios que finalmente prestaron. En especial, la adjudicación a Miami Free Zone incumple numerosos puntos del pliego de condiciones. La dirección de esta sociedad no presentó el preceptivo certificado sobre esta empresa de la Embajada de España. Tampoco aportó referencias sobre su solvencia técnica, profesional y económica, como denuncia un informe "contundente" sobre este contrato en poder de la Zona Franca. Añade este documento que no hubo recepción física de la oferta, sino por correo electrónico, cinco días antes de que expirase el plazo del concurso público. Miami Free Zona tampoco desglosó en su oferta datos económicos ni el personal que iba a destinar al negocio. Sorprende además que un contrato de esta elevada cuantía (4,2 millones de euros) se adjudicase a una empresa que es una sociedad limitada con un capital social de sólo 1.000 dólares. Todos estos supuestos impedimentos no impidieron a Rodríguez de Castro firmar estos contratos millonarios que están redactados tan sólo en dos folios cada uno y con apenas cláusulas.

El segundo de los informes advierte de que algunos programas informáticos recibidos por estos contratos pueden no ser nuevos, cuando una de las condiciones era que los servicios que se prestaran a Rilco debían ser exclusivamente para el uso de esta sociedad. Los técnicos de la Zona Franca dudan además de la "autenticidad" del material que estaban recibiendo porque constataron que los programas informáticos "podían haber sido utilizados por otras empresas".

Los primeros pagos a estas dos empresas por 1,65 millones (EL PAÍS, 16 de noviembre) los firmó Rodríguez de Castro después de cesar en el cargo. El resto de pagos se hizo con Miguel Osuna, también del PP, como nuevo delegado de la Zona Franca.