Bush suspende los juicios militares de Guantánamo

Tras el revolcón que la política jurídica antiterrorista del Gobierno estadounidense sufrió el pasado lunes con la decisión de un juez que falló que los procesos de los detenidos en Guantánamo a cargo de comisiones militares son ilegales, la Casa Blanca ha decidido detener los juicios. Además de recurrir el fallo, la Administración podría replantearse aspectos básicos de los procedimientos.

Quizá por ello, el aún responsable de Justicia, John Ashcroft, uno de los arquitectos de la política que identifica a los detenidos tras el 11-S como "combatientes enemigos" no sujetos a las garantías de la Convención de Ginebra, ha lanzado un ataque en toda regla contra los posibles cambios. En junio, el Tribunal Supremo tiró por tierra la política del Departamento de Justicia de que se puede retener de forma indefinida a los acusados de pertenecer a Al Qaeda y a los talibanes sin acusarles formalmente o sin facilitarles el acceso a abogados.

Según el Supremo, esos "combatientes enemigos" -la fórmula acuñada por la Administración para calificarles de ilegales-tienen derecho a defenderse en tribunales estadounidenses y con las garantías legales.

La sentencia del Supremo, celebrada por los defendores de los derechos civiles, animó a los abogados de los detenidos a presentar recursos y obligó al Pentágono a poner en pie un sistema para agilizar procedimientos, lo que llevó a crear "tribunales de revisión del estatus de combatiente" por los que han desfilado más de 350 prisioneros. De ellos, 131 han sido confirmados como combatientes y destinados a las comisiones militares.

Pero James Robertson, juez federal, falló el lunes que los procesos a cargo de estas comisiones -que sustituyen al consejo de guerra- son ilegales y que los detenidos tienen que ser juzgados como prisioneros de guerra, al amparo de las regulaciones internacionales. Robertson se refería al proceso de Salim Ahmed Hamdan, un yemení de 34 años acusado de ser el chófer de Osama Bin Laden. El juez entiende que el presidente no tiene autoridad para definir quién es un "combatiente enemigo" y que la política de Justicia es suicida en caso de que soldados de EE UU caigan prisioneros.

Ante este panorama, y a la espera de la resolución del recurso del fallo de Robertson, el Gobierno ha decidido suspender provisionalmente la actuación de las comisiones. El Pentágono, que ya había anulado el lunes los procesos de noviembre y las audiencias preliminares de enero, hizo lo mismo con el calendario de diciembre, según Los Angeles Times, que indica que "se ha incrementado la presión para que el Gobierno reconsidere la estructura básica de las comisiones militares".

Ampliar los derechos

Entre las opciones que se discuten, añade el diario, está la modificación de las normas "para ampliar los derechos de los detenidos y sustituir los juicios por consejos de guerra". Otra posibilidad que se considera es llevar a los 550 detenidos en la base situada en territorio cubano a una prisión militar en EE UU.

En esta situación, el ya dimitido Ashcroft tronó el viernes, en una reunión de la Sociedad Federalista -una asociación de abogados conservadores-, contra "la tendencia profundamente perturbadora" de estos fallos. "La supervisión judicial intrusiva y el cuestionamiento de las decisiones presidenciales en estas áreas críticas pueden poner en peligro la seguridad de nuestro país en tiempos de guerra".

¿Habla Ashcrof aún por la Casa Blanca o su dimisión se debe a que se niega a flexibilizar una política obviamente equivocada? Algunos observadores conectan su sustitución por el consejero jurídico de la Casa Blanca, Alberto Gonzales, como el primer paso para modificar esa política. Aunque Gonzales ayudó a elaborar la tesis de la excepcionalidad de los poderes presidenciales que el Supremo derribó hace seis meses, es más pragmático que Ashcroft y, sobre todo, está más próximo a Bush.