Declaradas ilegales las ayudas al gasóleo que recibieron en 2000 los agricultores españoles

El Gobierno español aplacó a finales de 2000 las protestas de los agricultores españoles por la subida del precio del gasóleo otorgándoles ayudas de 300 millones de euros. La Comisión Europea consideró que una parte de ellas era ilegal y exigió su devolución, razón por la cual España apeló al Tribunal de Justicia europeo. Los jueces emitieron ayer una sentencia que da totalmente la razón a Bruselas, al estimar que las ayudas no se limitaban a compensar las pérdidas por el alza de los precios. Esta decisión judicial coincide con el anuncio de nuevas ayudas al sector, sin el acuerdo de la mayoría de organizaciones agrarias. El Gobierno socialista se quejó de tener que responder otra vez de problemas creados por el PP.

"De nuevo, al Gobierno del PSOE le toca responder por cuarta vez a las hipotecas del anterior Gobierno", dijo ayer la ministra de Agricultura, Elena Espinosa. "Primero fueron las ayudas de Izar, luego las del lino, las del aceite de orujo y ahora, las del gasóleo". Espinosa añadió ayer que la devolución de las ayudas no será a costa de los agricultores para que no sean éstos los que paguen "los errores del PP" y aclaró que los 150 millones de euros que el Gobierno socialista prevé ofrecer ahora a agricultores y pescadores por la subida del gasóleo son legales.

Las ayudas que el Gobierno de José María Aznar otorgó entonces a los agricultores españoles se materializaron mediante diversos mecanismos indirectos. Uno fue la modificación del IVA, otros se hicieron a través de medidas fiscales a favor de las cooperativas agropecuarias y del impuesto sobre la renta de aquel ejercicio. Pero hubo otras dos medidas que fueron censuradas por la Unión Europea y que ahora los jueces también estiman ilegales: las ventajas fiscales en la transmisión de fincas rústicas y la bonificación de préstamos y garantías a los titulares de explotaciones agrarias. La Comisión Europea también declaró ilegítimas las ayudas que Francia e Italia concedieron a los sectores afectados.

Sin hablar con Bruselas

La decisión del Gobierno español llegó tras varios meses de protestas entre los agricultores, los transportistas y los pescadores, que vieron cómo se incrementaba sólo durante el año 2000 el precio de los carburantes un 47%. Madrid consideró entonces que ante una subida tan espectacular, que suponía una circunstancia excepcional, debía tomar medidas también excepcionales.

Tal decisión fue notificada a Bruselas, que pidió mayores aclaraciones y datos sobre la repercusión real de esas medidas y que, finalmente, en diciembre de 2002, advirtió a España sobre la ilegalidad de esas dos medidas de ayuda mencionadas, cuyo coste no cuantificó en ningún momento, aunque exigió en todo momento su devolución a las arcas públicas.

"Al tratarse de ayudas ilegales", dijo entonces la Comisión, "España debe anularlas y recuperarlas de inmediato de los beneficiarios e informar a la Comisión, en el plazo de dos meses, de las medidas adoptadas". Ya entonces, la Comisión alegó, tras varios intercambios de información, que España no había demostrado que se hubieran producido daños efectivos a las explotaciones agrícolas ni acreditó que la ayuda no produjera una sobrecompensación de los daños sufridos por cada agricultor.

El Gobierno de Aznar respondió a los requerimientos de Bruselas con un recurso ante el Tribunal de Justicia que ahora ha sido totalmente desestimado por las mismas razones que adujeron los servicios agrícolas de la Comisión. Las ayudas tachadas de ilegales, dice la sentencia de ayer, "se conceden en función de los terrenos vendidos o de los préstamos solicitados, con independencia de los daños padecidos. Por tanto, estas medidas no tienen por objeto compensar directamente las pérdidas sufridas".

Más adelante, señala: "El Reino de España no presenta ninguna cifra comparativa sobre la relación entre el importe de la ayuda que se deriva de la bonificación fiscal y estas mismas pérdidas...". "Puesto que no cabe acoger ninguno de los motivos formulados por el Reino de España, procede desestimar el recurso".

[La Comisión Europea ha informado que su decisión de exigir la devolución de las ayudas públicas a IZAR es firme y que no se puede ni recurrir ni rebajar el montante, aunque admite que España tiene que cooperar con el Ejecutivo comunitario "para encontrar una solución" a las dificultades para aplicarla].