Consulta preventiva

El Gobierno planteará al Tribunal Constitucional una consulta sobre la posible colisión entre la Constitución europea y la española. Lo hará mediante cuatro preguntas concretas que resuelvan las dudas e indiquen el procedimiento a seguir. El problema parte de la posible contradicción entre la prevalencia que la Constitución europea se atribuye sobre el derecho de los Estados miembros, y el principio de supremacía de la Constitución española sobre el resto del ordenamiento jurídico, reforzado por la mención a la sujeción a ella de "los ciudadanos y poderes públicos" (artículo 9-1).

En la práctica, el derecho europeo ya venía prevaleciendo en la jurisprudencia sobre los derechos de cada Estado. Restaba hacer explícita esa prevalencia en la propia Constitución española, como ya se había hecho en algunos países a raíz del Tratado de Maastricht. El Gobierno pidió un dictamen al Consejo de Estado sobre la cuestión. Lo esencial de su respuesta fue decir que el Gobierno debía plantear la cuestión al Tribunal Constitucional antes de la ratificación del texto.

Es lo que el viernes ha decidido el Consejo de Ministros, rectificando una reacción inicial favorable a postergar esa consulta. No es obligatorio el referéndum sobre la Constitución europea (basta con su aprobación en el Parlamento), pero sí lo es consultar al Constitucional sobre si existe contradicción entre ambas normas y si ello obliga a reformar nuestra Carta Magna. Y sería políticamente absurdo no hacer esa consulta antes de que se pronuncien los ciudadanos, el 20 de febrero. Se ha impuesto la lógica, evitando de paso un eventual desencuentro entre el Gobierno y el primer partido de la oposición que podría comprometer el resultado del referéndum. Rajoy, que había pedido la consulta, confirmó ayer que su partido propugnará el sí con independencia de lo que diga el Constitucional.

Si este tribunal (único competente para decidirlo) estimara que existe una contradicción insalvable, quedaría por determinar qué tipo de reforma constitucional habría de realizarse y su procedimiento. Si la reforma afectara al artículo 9-1 (que se encuentra en el Título Preliminar), habría que aplicar el procedimiento reforzado del artículo 168, que implica la disolución anticipada de las Cortes, la ratificación por las nuevas elegidas y un referéndum. Sin embargo, es improbable que sea imprescindible reformar ese artículo. El presidente del Consejo de Estado aclaró ayer que en el dictamen remitido al Gobierno ya se planteaban otras alternativas menos complicadas, como la reforma del artículo 93, que ya prevé la autorización por ley orgánica de tratados internacionales que afectan a "competencias derivadas de la Constitución": bastaría con añadirle una cláusula de integración general del ordenamiento español en el Derecho Comunitario.

Esa reforma supondría la constitucionalización expresa del Derecho de la UE; al no afectar a la parte especialmente protegida de la Carta Magna, podría hacerse por la vía menos exigente (aprobación por las Cortes) del artículo 167. Es el camino que se siguió en 1992 para incluir el derecho al sufragio pasivo de los residentes de la UE en las elecciones municipales.