Presupuestos para un crecimiento sostenible y solidario

Es habitual considerar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado como la actuación de política económica más importante de cada año. Esto es así especialmente al inicio de una nueva legislatura si va acompañada, como en este caso, de un cambio político. Este cambio se puede reflejar en los Presupuestos de múltiples formas: aumento en el volumen del presupuesto (en el peso del sector público), en su saldo, y en la estructura y composición de las partidas de gastos e ingresos. Una vez que ya conocemos el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2005, se puede destacar que no hay una variación sustancial del tamaño relativo del Estado, puesto que el incremento previsto en los gastos es una décima inferior al del PIB nominal (6,2 frente a 6,3), en consonancia con un programa de Gobierno que apuesta por asentar las bases para una sociedad de ciudadanos libres más justa que no dependa del volumen de gasto público.

Sin lugar a dudas, la apuesta presupuestaria se encuentra en la vivienda, la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica

Tampoco es previsible un aumento significativo del déficit público: si en un pasado se tendía a asociar a los gobiernos de izquierda con un menor rigor fiscal derivado de su mayor propensión a gastar, ahora es la alta propensión de la derecha a reducir los impuestos de los más ricos la que tiende a asociarse con niveles altos de déficit público. Se mantiene, por tanto, el objetivo de estabilidad presupuestaria, pero no de forma engañosa, como se ha venido haciendo por los gobiernos del PP, sino de forma transparente, mostrando la existencia de un déficit global moderado, perfectamente compatible con nuestro nivel de crecimiento y con el Pacto de Estabilidad. Estos Presupuestos no pretenden el equilibrio fiscal como un objetivo en sí mismo independiente de la coyuntura económica, sino que se enmarcan en la línea de la sostenibilidad fiscal a lo largo del ciclo, lo que no implica cambios sustanciales respecto a los Presupuestos del próximo año, pero sí en la forma de abordar el papel de la política fiscal en general.

Con las consideraciones previas sobre volumen total de gasto y déficit, queda claro que las previsiones sobre volumen recaudado tampoco experimentan sustanciales modificaciones, manteniéndose en términos globales la presión fiscal. Para ello, el Gobierno va a compensar la inflación en la tarifa del IRPF, elevando los tramos, lo que evita al ciudadano pagar más con un mismo poder adquisitivo. Esta medida tiene un coste estimado de 175 millones de euros. Queda pendiente para próximos ejercicios la prometida reforma en el lado de los ingresos públicos, con los objetivos de dotar a nuestro sistema fiscal de procedimientos más sencillos, más progresivos y más capaces frente al fraude.

¿Qué es lo que cambia entonces en estos Presupuestos? Sin lugar a dudas, la apuesta presupuestaria se encuentra en la vivienda, la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica. Las actuaciones en el mercado de vivienda tienen dos facetas claras: tienen repercusión en un mercado que ha sido el motor básico de nuestra actividad inversora en los últimos años, y que presenta ciertos riesgos, y a la vez actúa como mecanismo hacia una mayor justicia social, al poner en primera plana la lucha contra uno de los mayores obstáculos a la formación de familias jóvenes con una calidad de vida aceptable. Por otro lado, un mayor esfuerzo investigador entra de lleno en el modelo de crecimiento de nuestra economía y es un instrumento para mejorar nuestra productividad y para compensar los riesgos de deslocalización de algunas actividades con bajo componente tecnológico.

Es importante discutir la orientación de estos incrementos; en investigación, se debe ser capaz de combinar dos criterios: por un lado, hay que apoyar la excelencia en los grupos de investigación, es decir, a aquellos que están a la vanguardia mundial en sus respectivos campos, y que pueden ofrecer a los investigadores españoles en el extranjero entornos productivos para que ese capital humano que tanto nos ha costado formar pueda retornar a nuestra sociedad. En segundo lugar, hay que intentar primar líneas de investigación que permitan tender puentes entre los problemas reales de nuestra sociedad y nuestro tejido productivo y empresarial. Hay campos como la energía renovable o la desalación donde los últimos avances tecnológicos hacen económicamente rentables las técnicas más eficientes, pero seguimos sin construir unas conexiones fluidas entre universidad y empresa, que en estos y otros campos son vitales para nuestro futuro. Resumiendo, tenemos que centrar nuestros esfuerzos en investigación básica allá donde somos competitivos, y en investigación aplicada allá donde va a ser más rentable para la sociedad.

Respecto a la vivienda, es innegable que supone un problema para una parte creciente de la población, pero la cuestión es qué se puede hacer desde la Administración para facilitar el acceso a la vivienda sin llegar a perjudicar al conjunto de la economía dada la situación actual del mercado de vivienda. Si el objetivo es facilitar el acceso a la vivienda sin frenar la construcción, casi todas las medidas posibles tienen un impacto presupuestario, así la intervención directa a través de la vivienda de protección oficial debe ir tomando peso en los próximos años, porque su relegación es una muestra más del escaso interés que los temas sociales despertaron en los anteriores gobiernos conservadores. Sin embargo, el fomento del alquiler es una medida mucho más efectiva a corto plazo, puesto que saca al mercado viviendas que ya existen, con un coste menor, y sin presionar directamente a un sector (la construcción) que se encuentra trabajando a plena capacidad (en estas circunstancias, el aumento de construcción que implica la VPO aumenta los costes de la vivienda libre). Parece, por tanto, adecuado el perfil de las líneas adoptadas.

Junto a los aumentos comentados, destacan otros que suponen una tasa de variación menos espectacular, pero que implican cantidades importantes. La inversión en infraestructuras aumentará el 8,5%. El gasto en educación, el 7,3%; habrá 9.000 becas más en enseñanza media y 16.000 en superior, hasta alcanzar conjuntamente las 380.000. La subida de las pensiones mínimas se sitúa en el 5% sin cónyuge a cargo y el 6,5% en caso contrario. Por último, en materia de seguridad ciudadana las partidas se elevan un 6,2%, con 7.700 nuevos policías y guardias civiles, 150 jueces y 100 fiscales.

Creo que se puede afirmar que el Presupuesto de 2005 sirve para marcar las prioridades en materia de gasto del Gobierno socialista: inversión en infraestructuras productivas y en capital humano de cara a aumentar la productividad, y mayor justicia social, combinadas con el mantenimiento de la presión fiscal y de los compromisos presupuestarios. Es un presupuesto más social que se ocupa de los que menos tienen (pensiones mínimas, acceso de los jóvenes a la vivienda) y de la igualdad de oportunidades (más becas), y que sitúa el aumento de la productividad como objetivo básico con un mayor esfuerzo en infraestructuras e I+D. Por último, es el aumento del número de becas el mayor exponente de que los progresos hacia una sociedad más justa no tienen por qué estar reñidos con la búsqueda de la eficiencia, sino que nos deben permitir mejorar el uso que la sociedad hace de las capacidades de sus ciudadanos.

Pedro Saura García es portavoz en la Comisión de Presupuestos del Grupo Parlamentario Socialista.