El patronato del Archivo de la Guerra Civil da vía libre al comité de 18 expertos

El pleno del patronato del Archivo General de la Guerra Civil Española aprobó ayer por mayoría -13 votos a favor y 2 en contra- dar vía libre a la comisión de 18 expertos para que elabore un informe que sirva de asesoramiento sobre el contencioso de los archivos que las tropas franquistas requisaron, y sobre los que Cataluña reclama su devolución. La consejera de Cultura de Castilla y León y el alcalde de Salamanca votaron en contra.

El rector de la Universidad salmantina calificó la reunión como "teledirigida"

La reunión del patronato, a la que asistieron todos los vocales designados, salvo Charles Powell y Victoria Prego, que estuvo presidida por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, se celebró a puerta cerrada y no hubo más comparecencia -Gregorio Peces-Barba declinó hacer ninguna declaración- que la de los políticos que habían votado en contra y la del rector de la Universidad de Salamanca, Enrique Battaner Arias.

El rector explicó a la salida que había apoyado la propuesta porque "el criterio técnico tiene que prevalecer". Su opinión es que los expertos están bien elegidos. Ante la reclamación presentada por la Generalitat de Cataluña, el rector aclaró que "hay documentos que son susceptibles de discusión" y que encuentra lógico que sea una comisión la que decida, aunque dijo que personalmente es partidario de que existan los archivos nacionales.

El rector calificó la reunión como "teledirigida", y en el mismo sentido se expresaron el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, y la consejera de Cultura de Castilla y León, Silvia Clemente, que incluso facilitó al patronato una lista con cinco expertos - "he planteado una propuesta de neutralidad"-, entre historiadores y juristas de distintas instituciones de Castilla y León, que "no fue valorada". Las quejas de la consejera y del alcalde, que no cuestionan la profesionalidad de los expertos, se centraron en que el Gobierno se encuentra atado por los acuerdos con los nacionalistas catalanes. La decisión "está tomada y lo evidencia el modo en que se están desarrollando los acontecimientos", añadió Silvia Clemente. Tanto ella como el alcalde criticaron también el gesto de la ministra, quien, antes de iniciar la reunión, avisó de que iba a "prevalecer su opinión y la del Gobierno".

El grupo de asesores está integrado por juristas, historiadores y archiveros y cuenta también con el apoyo de la Generalitat de Cataluña. Lo integran Juan Pablo Fusi, Federico Mayor Zaragoza, José Álvarez Junco, Edward Malefakis, Borja de Riquer, José Ramón Cruz Mundet, Pedro Cruz Villalón, Antonio González Quintana y Tomás de la Quadra-Salcedo, junto con representantes de la Comisión de la Dignidad, de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, de la Asociación Española de Archiveros y Bibliotecarios y Documentalistas, de la Asociación de Archiveros de Castilla y León y de la de Cataluña. Muchos de ellos, según denunciaron ayer los opositores a la decisión del patronato, ya han expresado públicamente su apoyo a la salida de documentos del Archivo de Salamanca.

El "comité de sabios", según un comunicado del ministerio, emitirá un informe técnico-jurídico que permita al Ministerio de Cultura dar cumplimiento antes de fin de año a la proposición no de ley aprobada el pasado 18 de mayo que insta al Gobierno a negociar una resolución que permita resolver el contencioso planteado sobre la documentación incautada durante la Guerra Civil y recogida en el Archivo de Salamanca. En este sentido, el pleno del patronato "ha acordado convocar a la comisión permanente de dicho organismo que propondrá al comité de expertos los plazos y contenidos". La opinión de los expertos no será vinculante.