Zapatero llevará a Bruselas las traducciones de la Carta europea

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechará la cumbre europea del jueves y el viernes en Bruselas para entregar las traducciones de la Constitución europea a las lenguas cooficiales españolas. Zapatero entregará estos documentos al dirigente socialista español Javier Solana, como titular de la Secretaría General del Consejo de Ministros. Se trata de la primera fase en el avance del reconocimiento de las lenguas cooficiales en la UE, una exigencia de los nacionalistas y en particular de los socios del Gobierno de Zapatero, ERC.

Sin embargo, ni ERC ni el resto de los nacionalistas se conforman con este gesto simbólico de legitimar esa traducción. Ayer, en el Senado, el secretario de Estado para la UE, Alberto Navarro, explicó las dificultades que se encuentra el Ejecutivo en las instituciones europeas para llevar adelante su voluntad política, que es lograr el reconocimiento pleno de estas lenguas. Navarro explicó gráficamente la situación: "Si vamos a pedir todo, no vamos a lograr nada". Por eso, el Gobierno está haciendo las cosas paso a paso. Tras la entrega de documentos a Solana, que se hará al margen de las reuniones del Consejo de Ministros, y antes de finales de noviembre, el Ejecutivo presentará un memorándum con todas sus peticiones. Este texto se está negociando con las autonomías que tienen reconocida alguna lengua cooficial en sus estatutos (Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Valencia y Baleares). En él se tratarán cuestiones no ya simbólicas, sino prácticas. La idea es que el coste de todas las reformas que se hagan lo asuma España, ya que es muy difícil, según explicó Navarro, que la UE admita un sobrecoste superior al ya previsto por la entrada de 10 nuevos países.

El objetivo principal es que los ciudadanos de esas comunidades con lenguas cooficiales puedan dirigirse a las instituciones europeas en el idioma que elijan. Si un catalán, por ejemplo, decide comunicarse con Bruselas en ese idioma, será el Gobierno español quien se encargue de hacer una traducción oficial de su pedido, para remitir después los dos textos a Bruselas. Y será también España quien se encargue de traducir la respuesta que dé Bruselas para que el ciudadano la lea en su lengua materna.