El honor de Companys

El Consejo de Ministros acordó el viernes pasado encargar a la comisión interministerial sobre víctimas de la Guerra Civil y del franquismo la elaboración de un proyecto de ley que permita "restablecer la dignidad y el honor" de quienes se vieron sometidos a procesos judiciales por motivos políticos durante la dictadura. Haber sido perseguido y juzgado por el franquismo no es un deshonor. Cuando, en 1983, se anunció que las fichas policiales del franquismo serían destruidas, hubo personas que se opusieron argumentando que "en esas fichas está nuestro honor". Por lo general, no suelen ser quienes fueron perseguidos los que más insisten en la necesidad de una reparación; sobre todo, no suelen estar entre los que se consideran con derecho a que les pida perdón el Gobierno democrático actual.

Al acto institucional de homenaje a Lluís Companys celebrado el día 15, aniversario de su fusilamiento, no asistieron los principales dirigentes de Esquerra Republicana. Sí habían estado en una marcha que su partido había organizado de madrugada en dirección al foso del castillo de Montjuïc, donde se produjo el fusilamiento. Una marcha con antorchas: ¿a quién se le ocurriría resucitar esa iconografía del fuego, que conecta con la de quienes detuvieron a Companys en Bretaña? En su discurso de Montjuïc, Maragall afirmó que algún día habría que añadir a los nombres de los fusilados por el franquismo que allí son recordados los de las personas que "fueron asesinadas y aquí enterradas como consecuencia de los paseíllos republicanos". Fue un pronunciamiento coherente con el testamento "sin sombra de rencor" de Companys. Más coherente que la insistencia de Carod-Rovira, el mismo día, en reclamar que "el Gobierno democrático de hoy pida perdón al pueblo de Cataluña por el asesinato y el crimen de Estado cometido por otro gobierno dictatorial".

Si se admite que el uno era dictatorial y el otro democrático, se está reconociendo que no hay continuidad entre ambos Gobiernos, lo que torna absurda la petición. A no ser que se pretenda establecerla por ser, uno y otro, Gobiernos de España. Pero tal planteamiento sólo tendría sentido si se considera que la Guerra Civil enfrentó a Cataluña con España, como si no hubiera habido catalanes en ambos bandos. Es lo que se deduce de la defensa que el representante de ERC hizo el pasado día 28 de una proposición no de ley en la que se instaba a "las instituciones del Estado español" a "pedir públicamente perdón" ya que, mientras no lo hagan, el fusilamiento de Companys "será el símbolo de que el Estado español continúa creyendo que tiene derecho de conquista sobre Cataluña". También dijo que ese fusilamiento "se ha convertido en el Gernika de los catalanes", y que del mismo modo que el Estado alemán pidió perdón por el bombardeo de la villa vasca, el Estado español debería pedirlo por el fusilamiento del presidente de la Generalitat.

En Euskadi hubo cierto debate sobre eso en 1997, cuando el alcalde nacionalista de Gernika dijo que, tras el reconocimiento alemán, el Gobierno español debería reconocer a su vez que la legión Cóndor actuó "en connivencia con España". Contra esa argumentación se objetó entonces que el Gobierno legítimo de España no había bombardeado, sino sido bombardeado en Gernika. El 15 de octubre de 1940, la España democrática no fusiló, sino que fue fusilada en Montjuïc. Pretender que el Gobierno presidido por el nieto del capitán Lozano, fusilado por Franco, pida perdón por los fusilamientos del franquismo es un contrasentido comparable al que supuso la condena por rebelión militar de quienes se opusieron a la rebelión militar de 1936.

Como Companys. El consejo de guerra que lo condenó a muerte será difícilmente anulable porque lo impide la Ley de Amnistía de 1977, según argumentó en el Congreso el socialista Ramón Jáuregui el 1 de junio pasado, citando sentencias del Supremo y del Constitucional que así lo confirmaban. La insistencia de ERC determinó que, de todas formas, los socialistas se comprometieran a "explorar" alguna fórmula de reparación moral y jurídica. Como suele ocurrir cada vez que la izquierda se aproxima a alguna cuestión considerada por los nacionalistas de su exclusiva incumbencia, su respuesta (de ERC y CiU) fue radicalizar su demanda: rechazar cualquier propuesta que no incluyera la petición de perdón al pueblo de Cataluña, y buscar un pretexto para distanciarse del acto institucional presidido por Maragall. Porque, para patriotas, ya están ellos.